El avance hacia la salida del desconfinamiento en Castilla y León se produce con cuentagotas. Una semana más y se han sumado solo un puñado de zonas básicas nuevas y el primer gran núcleo, Ponferrada, con una población similar a la de Zamora, donde, a pesar del repunte de casos, la situación podría convertirla muy pronto en candidata a la fase 1, según los criterios aplicados por la Consejería de Sanidad y trasladados después al Ministerio, encargado de dar el visto bueno final. Mientras, habrá que seguir adelante con esa recién inventada fase 0,5 que abre un poco más la mano en cuanto a las restricciones.

Esta extremada cautela, avisada y reiterada desde el Gobierno regional todos los días, choca con la comprensible y creciente angustia de los empresarios, sobre todo de los autónomos y de sectores como el comercio o la hostelería. Si ya es difícil el equilibrio a mantener entre la reapertura que condena al subsidio a una gran parte de la población, ante la caída en picado del empleo, y la necesidad ineludible de contener la pandemia, a la ecuación se unen sucesivos anuncios, rectificaciones y, en definitiva, nuevos ingredientes al estado de incertidumbre, como ha sucedido con la prohibición primero, permiso a medias, después, de las rebajas, en las directrices aportadas por parte del Gobierno central al comercio textil y de calzado.

Nadie pone en duda la necesidad de conservar las medidas preventivas sobre la pandemia, más desde que esta semana se hicieran públicos los primeros datos del estudio de seroprevalencia que ha dado como resultado que, a pesar de esa insoportable cantidad de enfermos y muertes, la Comunidad y, dentro de ella, especialmente la provincia de Zamora, están muy lejos de la conocida como "inmunidad de rebaño". Eso pone en evidencia la vulnerabilidad de la población desde el punto de vista sanitario y con ello se impone la necesidad de observar esa prevención. Pero también es cierto que se corre el peligro de otra enfermedad, el desempleo, que también se lleva la vida de miles de zamoranos por delante, que pueden cifrarse a simple vista no solo por las trapas que siguen echadas en sectores completos, sino en la evidencia del aumento de ayudas por parte de ONGs como Cruz Roja o Cáritas, al multiplicarse exponencialmente el número de familias sin ingresos y con dificultades para poder afrontar algo tan básico como la alimentación. Muchos de ellos aún no se habían repuesto de la recesión de 2008, decenas de niños dependen de las becas de comedor que se han tenido que adaptar para garantizar la nutrición de los más pequeños.

Hasta la economía sumergida, que proporcionaba ingresos a hogares afectados por el empleo parece haberse sepultado en esta calamidad mayúscula, si atendemos a los datos de Cáritas, por ejemplo, que sitúa entre los colectivos más afectados a las empleadas de hogar que cobraban en negro y que ahora se ven en la calle y sin derecho a ningún tipo de ayuda. Si la reactivación de la economía se demora demasiado la situación social de Zamora, ya precaria, puede quedar en la quiebra. Y, en esas situaciones, surgen los resquemores de quienes temen que pesen otras razones que las exclusivamente sanitarias y epidemiológicas a la hora de establecer la desescalada.

Ya se han oído las primeras voces que temen que la provincia se quede relegada, cunde la desesperación después de dos meses de confinamiento, sobre todo cuando se mira de reojo a provincias y comunidades que presentan unos índices aún peores que Zamora y que han pasado a la fase 1, de mayor apertura. Sin embargo, en estos momentos se hace necesaria más que nunca la reflexión y esta debe llevarnos a tener en cuenta que, entre esos criterios epidemiológicos se mida la capacidad de reacción de los medios sanitarios que, sin duda, no han tenido tiempo de recomponerse para afrontar una segunda oleada de características similares a la de estos meses.

Pero algo hay que hacer, no es posible cruzarse de brazos y esperar esas ayudas que se anuncian pero que parece que nunca acaban de llegar y que, de cualquier manera, tampoco pueden ser más que un alivio temporal y no el destino de una provincia que puede encontrar la oportunidad de reconstruirse. Porque de eso se trata, de aprovechar este tiempo para sentar las bases de la nueva Zamora, de la provincia que queremos.

Contamos con valiosos ejemplos que en estos meses aciagos han vuelto a hacer de necesidad virtud. Hablamos de la venta online a la que se han apuntado ya un buen número de productores y comerciantes de todos los sectores y que ha constituido un cierto respiro, insuficiente pero menos que nada. Puede que la normalidad que conocimos nunca regrese. Lo que es evidente es que durante los meses de confinamiento el transporte de la paquetería no ha parado, el comercio online creció un 40%. El comercio minorista, incluido el textil, ya ha hecho tímidos avances que deben ir a más. Organismos como la Cámara de Comercio han puesto en marcha medidas para facilitar nuevas fórmulas de venta, como lista de tiendas con entregas a domicilio y suman y siguen plataformas de ayuda para que los pequeños empresarios puedan defenderse y crecer de lo local, a lo global. Es un sueño que puede hacerse realidad.

Esta semana, el Gobierno regional y la oposición en las Cortes de Castilla y León han firmado el acuerdo para construir el pacto por la recuperación económica. La consejera de Sanidad, hace unos días, elogiaba la "suerte" de esa cooperación en la región que deja fuera los signos políticos y partidistas. Suerte, sí, de contar con lo que debe ser el comportamiento legítimo en situaciones de emergencia como la que atravesamos. Por el bien de todos, esa "suerte" debería trasladarse al ámbito nacional y suscribir acuerdos similares. El de Castilla y León se basa en cinco ejes: entre ellos, la inversión en sanidad y servicios sociales, una vez demostrada dramáticamente, la necesidad de reforzar ambos tras lo vivido en hospitales y residencias es una de ellas. Esas líneas incluyen, además, medidas para la recuperación del empleo y se menciona la financiación de la Unión Europea que negocia Moncloa. Precisamente, este miércoles pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen se refería en la declaración realizada durante el pleno del Parlamento Europeo a la dificultad máxima en que la pandemia había puesto a España e Italia, cuya transparecencia, dijo, "ayudó a otros a defenderse del impacto" del COVID-19 y aludía a la necesidad de centrar esos fondos en los países más afectados. Pero, sobre todo, al enumerar medidas prioritarias como el desarrollo del Pacto Verde Europeo, se incluía una necesidad perentoria para el desarrollo de ese nuevo modelo en territorios depauperados como Zamora: la digitalización.

Una de las primeras medidas adoptadas por las empresas al decretarse la cuarentena fue el teletrabajo. La educación, de los grados de Infantil a la Universidad también quiso tirar de la enseñanza online. Y eso pilló a Zamora fuera de juego en muchos de esos territorios donde, al final, estampas como el voluntariado con reparto de libros y deberes "a domicilio" o la peregrinación de estudiantes en busca de cobertura a los altos de sus pueblos ha evidenciado una precariedad intolerable. Aún más si se ha dado por hecho, en el plano educativo, que todos los alumnos contaban con ordenador y podían pagar Internet. La propia Universidad de Salamanca tuvo que repartir ordenadores entre algunos de sus alumnos.

La digitalización, pues, ha supuesto un alivio para muchos, pero también nos ha dejado, una vez más, con las vergüenzas al aire. Por eso, cualquier pacto para la reconstrucción tiene que incluir entre sus prioridades la extensión de la cobertura de Internet de calidad al mundo rural. Para ayudar a las empresas, para contribuir a la transformación en el sector primario y asentamiento de industrias, para facilitar la educación y, si lo hacemos bien, dar una oportunidad de quedarse en su tierra a una generación que tiene cada vez más difícil su futuro.