El drama de la despoblación de la España interior puede abordarse desde un doble punto de vista: oportunidades y derechos. Y digo España interior porque ninguna de las diez provincias españolas más despobladas está en la costa: llamemos a las cosas por su nombre. El drama que se esconde tras esta España vacía no es en realidad que la gente se vaya (llevamos moviéndonos milenios a lo largo del planeta, no seamos dramáticos), el drama es que la gente se tenga que ir porque no tiene oportunidades para desarrollar, con unas condiciones mínimas, su proyecto vital. No pasa nada por viajar, o por no querer vivir donde lo hicieron tus padres. Nada. Ver como un drama irse a vivir a Londres o a Berlín denota una visión arcaica y premoderna de la vida: no somos árboles, podemos movernos y es bueno que los cerebros se muevan. El drama, ya digo, es cuando, en pleno siglo XXI, en plena Unión Europea, has de irte de tu tierra porque los elementos básicos que te permiten desarrollar una vida a la altura de lo que esperas no están disponibles. Un par de ejemplos fáciles de entender: no es admisible que no haya pediatras en tu centro de salud, como tampoco es admisible que no puedas conectarte a Internet. No es admisible en la Diagonal de Barcelona o en Pozuelo de Alarcón, pero tampoco lo es en Toro o en San Juan de la Cuesta. Las personas que optan por quedarse en las zonas rurales de la España interior son ciudadanos de pleno derecho, y como tal tienen los mismos derechos que las personas que viven en la costa o en la España urbana. Si los ciudadanos pagan impuestos en función de su renta, la Administración ha de garantizarles el ejercicio de sus derechos con independencia de su lugar de residencia. No hay mucho más debate. Además, las personas necesitan seguridad a corto y medio plazo, al igual que las empresas. Mover a tu familia a una zona rural sin saber si el colegio va a seguir abierto, si vas a seguir teniendo tren o temerte que el Registro de la Propiedad cerrará en la próxima remodelación (urbana) no ofrece garantías a las personas que quieran dar ese paso. Tener una Carta de Derechos que ofrezca certezas a medio plazo es un punto de partida interesante para conseguir un saldo de flujo positivo entre los que se van y los que llegan. Por que no se trata sólo de retener, se trata también de atraer, como explicaba el Mesa Redonda del Encuentro del pasado miércoles Miguel Ángel González San Román.
Introducir este debate, el de los derechos de las personas que viven en la vacía España interior, en la agenda es responsabilidad de todos. De los que se quedaron, claro, pero también de los que se fueron. A veces hay que recordar que somos un país urbano desde hace apenas cuatro días en términos históricos, y parece que nos avergüenza recordar de dónde venimos. Llevamos tantas décadas viviendo como sociedad de espaldas a España vacía de interior, que tengo la sensación de que una parte muy importante de la élite madrileña cree que España es el Macro-Madrid y la costa, y que el resto en realidad son áreas de servicio hasta llegar a tu destino. Hablando de élites, algo de examen de conciencia habrán de hacer también las élites rurales de lo que han hecho durante estos años. De su abdicación viene también una parte importante del problema: ¿Cuántas de estas élites han invertido en su tierra?, ¿En qué han invertido? Todo el dinero de la PAC, ¿Solo servía para comprar pisos en la capital de la provincia?, ¿de verdad les daba igual que sus hijos no tuvieran oportunidades en su tierra? Cómo nos recuerda la inquietante "parábola de los talentos" del Evangelio de San Mateo, algún día nos preguntarán qué hicimos con los talentos que nos entregaron. Y creo que, enterrarlos en actividades improductivas, no forma parte de la respuesta que deberíamos dar. Pero esa es solo mi opinión, claro.
