Aceptar el llamado pin parental para que las familias puedan vetar algunos contenidos en las escuelas significa renunciar al principio de que el interés superior del menor prevalece siempre. La libertad de las familias no puede estar por encima del derecho de niñas y niños a recibir una educación que les permita identificar y combatir situaciones de discriminación por razón de sexo, raza, religión, orientación sexual o cualquier otra circunstancia.
Conviene recordar que alrededor de veinte países europeos incluyen educación en derechos humanos en sus aulas con total normalidad y con efectos beneficiosos para construir una sociedad más tolerante y solidaria.
Por su parte, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la ONU han pedido repetidas veces que los contenidos sobre diversidad, mujer y educación sexual sean tenidos en cuenta en el currículo.
Además, el programa mundial de educación en derechos humanos de la ONU lleva muchos años insistiendo en que los contenidos de derechos humanos deben impartirse en todas las etapas educativas.
El Estado tiene la obligación de proteger a niñas y niños contra la intolerancia y la discriminación. Impedir que puedan asistir a charlas sobre igualdad, no discriminación, educación sexual, etc. va contra el interés superior del menor y contra los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
