Zamora es una provincia demasiado acostumbrada a perder y a que los beneficios que a otros territorios llegan aquí no alcancen. Demasiado acostumbrados estamos como para que nos pille por sorpresa o nos escandalice en exceso. Gobernar a golpe de ocurrencia y chapuza daña a todos pero casi siempre los malos efectos se ensañan con los más debilitados, los que menos protestan, los territorios que tienen responsables políticos más pastueños y ciudadanos más resignados.
La Consejería de Sanidad decidió recientemente resolver un problema propio, la falta de dotación de médicos para atender a los vecinos de la comarca de Aliste, cortando por lo sano. Lo llamen como lo llamen, se trataba de dejar sin atención médica directa a los municipios más pequeños (muerto el perro se acabó la rabia). Ante la polvareda levantada pasaron a anunciarlo como experiencia piloto (estamos en vísperas electorales), a comprometerse a mantener abiertos los consultorios y a que estén atendidos por enfermeros. Sin embargo, como muy bien han puesto de manifiesto los alcaldes de la zona, ¿por qué siempre han de tocarnos las experiencias "piloto" cuando son de merma de calidad de servicio y nunca cuando son de mejora?
La defensa y el orden público, la justicia, la sanidad y la educación son los únicos derechos universales que la Administración debe garantizar a sus ciudadanos en cualquier lugar y circunstancia del territorio nacional. Los elementos básicos del pacto social que da lugar y justificación a la propia existencia del Estado y la administración pública. El resto son aditamentos, política, componentes del Estado del bienestar más o menos desarrollado.
La Junta quiere implantar en Aliste (luego irán otras comarcas) atropelladamente un modelo especial de "telemedicina" que aquí quiere decir en sentido clásico del prefijo "tele" mantener al médico alejado de los pacientes, no lo que significa en la actualidad en todo el mundo: prestación de servicios médicos a distancia empleando tecnologías de la información y las comunicaciones. Imposible esto último en unas zonas a las que no llega ni una velocidad mediocre de Internet.
Existen cientos de partidas presupuestarias en las que recortar. Existen solo unas pocas en las que no se debe reducir ni un céntimo el esfuerzo económico sin realizar previamente un estudio completo de necesidades, alternativas de mejora o, al menos, mantenimiento de la calidad en la prestación de servicios necesarios. Lo que hemos de exigir a la Consejería y al gobierno PP-Ciudadanos de Castilla y León es que garanticen que cada uno de los habitantes de nuestras cada vez más despobladas y envejecidas zonas rurales tengan la asistencia médica y sanitaria básica equivalente a la de cualquier otro ciudadano español. No se trata de complejos hospitalarios ni de costosas instalaciones para tratamientos específicos. Para eso el paciente deberá desplazarse al lugar que corresponda pero para la atención primaria en zonas rurales es la Administración la que debe desplazarse. Cueste lo que cueste. En campaña electoral y sobre todo al día siguiente.
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