Todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, indistintamente del lugar de nacimiento, origen social, posición económica, religión, identidad sexual, etnia, opinión política, etc. ¿Les suena? ¡Por supuesto!, habrán pensado ahora mismo. No obstante, por si aún hubiera algún despistado, esa recopilación de bonitas palabras forma parte del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Puro sentido común, pensamos algunos. Sabemos, sin embargo, que otros aún no han interiorizado el significado de una proclamación que afecta a cualquier ámbito de las relaciones entre personas, grupos, organizaciones, instituciones o países. Algunos incluso pensarán que ya está bien de hablar solo de derechos y olvidar que los deberes también existen. Y es verdad: cualquier derecho implica también un deber, como la obligación de cumplir los derechos reconocidos y aprobados en la citada Declaración y en cuantas normas se han ido sucediendo a partir de ella.

Pasemos de las palabras a los hechos y hablemos de la vida cotidiana, que es lo que interesa a la inmensa mayoría de las personas que residen, trabajan, aman o sufren en cualquier territorio, se emplace aquí o en la Conchinchina. ¿Cómo afecta la Declaración Universal de los Derechos Humanos a los ciudadanos que viven en el mundo rural de España, de Castilla y León, de Zamora o, aquí quiero llegar, de la comarca de Aliste? De igual manera que a quienes residen o trabajan en Pozuelo de Alarcón, municipio madrileño con la renta per cápita más alta de España. Las personas que residen en unos y otros territorios, indistintamente de la renta que posean, tienen los mismos derechos. Por tanto, debe ser indiferente que la residencia se sitúe en esas urbanizaciones de lujo del municipio madrileño o en San Juan del Rebollar, Latedo, Mahíde, Rabanales, Sejas y el resto de localidades de Aliste, que están sintiendo cómo se les deniega el acceso a un derecho básico: la atención sanitaria en las mismas condiciones que a otras personas.

Pienso en las personas mayores con dificultades de movilidad, en tantas otras que han decidido mantener su residencia en los pueblos, en las movilizaciones que se han realizado durante los últimos meses reivindicando atención para la España vaciada, en las declaraciones políticas diciendo que el mundo rural merece una atención especial, etc., y no entiendo que seamos tan rácanos a la hora de implementar una política sanitaria en el mundo rural que ponga a las personas en el centro de atención y no se centre únicamente en el coste económico de los recursos que se requieren para alcanzar ese objetivo con unas mínimas dosis de dignidad. ¿Que no podemos tener un centro de salud en cada localidad? ¡Si eso ya lo sabemos! Pero de ahí a colocar impedimentos para que los profesionales sanitarios, especialmente médicos, acudan a los pueblos a sentarse con los pacientes, mirarles a la cara, tocarles las manos o darles un simple abrazo, va un abismo. Estamos perdiendo la humanidad y al final lo terminaremos pagando todos.