Precisamente, eso es lo que viene haciendo de forma sistemática la Generalitat de Barcelona. Que bien se dispara con pólvora ajena. La pólvora la pone el Estado español, el trabuco lo pone el Govern. Ni con el Banco de España tendrían suficiente para dilapidar, en su quimérica independencia, todo el dinero que entra en Cataluña para financiar asuntos más importantes como Seguridad, Educación o Sanidad, por citar sólo tres ejemplos. No están las cosas ni antes ni ahora, como para tirar el dinero, como para gastarse lo que tienen y lo que les entra a manos llenas en gilipolleces incependentistas. Así está Cataluña y en concreto Barcelona que parece una ciudad sin ley de aquellas del Far West yanqui.

La Generalitat de Cataluña cuenta con un consorcio público-privado encargado de gestionar la política exterior del Govern, llamado Diplocat. Una especie de diplodocus administrativo que gasta el dinero como si le manara. De hecho, el susodicho gestionó la llegada de distintos observadores antes del 1-O. En viajes y alojamientos se gastó la friolera de 9.384 euros. Si, además de rebelión y desobediencia, no hubo malversación, que baje Dios y lo vea. Los 'promotores' de 1-O están pillados y bien pillados. Esa manía del independentismo catalán por buscar y conseguir observadores internacionales para todo aquello que tenga que ver con sus ansias de autodeterminación, les está saliendo excesivamente caro. Luego, con reclamar al estado español los costes se quedan tan oreados. El problema está en que el Estado español les siga financiando.

Al contrario de lo que van publicando, quienes salen muy caros en España son los catalanes que reman a favor del independentismo en lo que primero fue un paquebote y ahora es una lancha neumática. Tiene que reventar más tarde o más temprano. La Guardia Civil ha hecho los deberes entregando un informe la mar de revelador en la causa judicial del Tribunal Supremo, ahora le toca a los Jueces lo que les han dado blanco y en botella y en todo momento al Gobierno que debe dejar su generosidad para cuestiones de mayor calado que afecten a todos los españoles por igual. No puede haber comunidades de primera, de segunda, de tercera y de regional preferente como Castilla y León donde hay demasiados parientes pobres y de donde salieron tantos brazos y tantas manos como ayudaron a levantar la economía catalana.

Los líderes soberanistas siguen mintiendo como bellacos. Siguen propalando falsedades y calumnias. Qué es si no la consideración de presos políticos que dan a quienes en realidad son delincuentes. Cierto que los principales delincuentes están huidos. En Europa hay países que pueden tocarle los cataplines a sus homólogos pero sus homólogos no pueden hacer lo propio con ellos. No me extraña el caos que unas veces se palpa y otras se respira. Todos están viviendo, aquí o allí, en Waterloo o en cualquier otro punto de la geografía europea, gracias a los fondos que la Generalitat tiene destinados para esos menesteres y que a su vez les llegan vía subvención del Estado español.

Están gastando lo que no está en los escritos o, mejor, están tirando dinero a mansalva. Lo lamentable es que haya gentes que se presten a seguirles el juego. Un juego no válido para sus países de origen. Y chapó a la Guardia Civil porque a pesar de que la Generalitat dificulta el acceso a la documentación que necesitan para sus investigaciones y que consiguen obtener tras numerosos trámites parlamentarios, al final dilapidar los malversadores siempre quedan al descubierto.