La compraventa de viviendas en España ha retrocedido un 9% el pasado mes de junio en relación al mismo mes del año anterior. Con esta caída, la compraventa de viviendas inicia un retroceso hasta situarse en tasas interanuales negativas. Y mientras esto sucede, casi 90.000 viviendas están ocupadas ilegalmente en España. Su número se disparó a causa de la crisis económica. Cierto es que tan sólo en una década, los hogares sin ningún ingreso aumentaron un 66% mientras el parque de pisos vacíos superaba los tres millones. Una tentación en la que caen los okupas cuyo auge es una realidad incuestionable. Al albur de este movimiento han surgido las mafias que cobran por alquilar o vender viviendas, casi siempre engañando al pardillo de turno. No es menos cierto que, a veces, son las familias con menos recursos las que contratan a las mafias para que den la patada a la puerta. A cambio, tienen casi la garantía de poder quedarse en la vivienda okupada alrededor de dos años hasta que se resuelve el problema porque a diferencia del resto de países de la Europa común la legislación en España es generosa por no decir directamente favorable al movimiento okupa.

Ningún gobierno de España ya sea del PP o del PSOE se ha mostrado capaz y con voluntad de acabar con este engorroso asunto que admite cierta escala de grises. Y eso a pesar de la aprobación de una ley de desahucio exprés pensada para viviendas en esa situación que, no obstante, tarde en ejecutarse dos meses o más. Aunque el movimiento okupa suele justificarse apelando a la supuesta situación de emergencia social por la que pasan quienes usurpan las viviendas, los datos que manejan la Guardia Civil y la Policía Nacional don muy distintos. Sólo en Madrid tres de cada cuatro okupas tiene vínculos con bandas criminales. Un 40% tiene antecedentes delictivos. Estos son los que saquean y destrozan las viviendas no vacías que okupan.

Mal lo de los pisos vacíos. Peor es que un propietario salga a por el pan o de vacaciones una semana y cuando llega a su casa se la encuentra okupada. Las personas que 'toman posesión' de la vivienda ilegalmente, si pertenecen a mafias acaban por destrozarla, por llevarse lo que les viene en gana cuando abandonan, dejándola abocada a una rehabilitación integral. Por lo tanto aquí hay algo más que la necesidad de encontrar un techo bajo el que cobijarse. En Zamora, de lo malo, malo, la cosa va pasando, lo peor se vive o se sufre en grandes ciudades. Barcelona y Madrid, por ese orden, se llevan la palma. La indefensión del propietario es total.

En Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda, Dinamarca y en otros países de nuestro entorno la autoridad competente, el Gobierno de turno, lo ha resuelto con celeridad. Desde el desalojo en menos de cuarenta y ocho horas en Francia, a la cárcel en Italia para los okupas. Lamentablemente lo que pasa en España no ocurre en ningún país de Europa. El fenómeno de la 'okupación' crece y los políticos siguen mirando hacia otro lado. Desgraciadamente, la actuación policial en los casos de okupación está muy limitada, ya que sólo puede impedirla si se encuentra a los infractores en el momento justo de la usurpación. Lo lógico, aunque suene a recurso manido, es la creación de viviendas sociales, pero mucho me temo que la autoridad competente tampoco esté por esa labor que, dada la amplitud del patio de Monipodio patrio, a lo mejor tampoco es la solución.

Esto no puede continuar así. Porque las casas que okupan no son las mansiones de los ricachones o de los políticos. Son las de obreros, las de trabajadores como usted y como yo que las hemos pagado con el dinero ganado con el sudor de nuestra frente.