Existe en el imaginario colectivo la creencia de que las administraciones locales deben ocuparse de todo aquello de lo que no se ocupan otras administraciones. Es lógico, los ayuntamientos tienden a ser un cajón de sastre de aquello de lo que otros no se ocupan. Vamos al grano
En el último pleno municipal un grupo propuso que el Ayuntamiento restaurara, o al menos consolidara, las Aceñas de Gijón e incluso otras aceñas protegidas en el Plan de Urbanismo, como las de Los Pisones, ya que "son patrimonio de todos los zamoranos". El asunto no es baladí, porque estamos hablando de cantidades muy importantes de dinero.
Y, en efecto, son patrimonio de los zamoranos, como lo es La Muralla, La Catedral o el Puente de Piedra. Pero el asunto de fondo es quién tiene la propiedad de las cosas, y según la Ley el propietario (bien sea una administración o un particular) es quien tiene el deber de conservar en buen estado sus propiedades, y en el caso de ser propiedades protegidas, hacerlo conforme se le indica en el Plan de Urbanismo. En el caso de las Aceñas, ya adelanto que el propietario es la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).
En la historia reciente las Aceñas tenían un cometido industrial o agrícola. Era frecuente que tuvieran concesiones para este cometido a particulares o comunidades de regadío que con el paso del tiempo fueron llegando a su final. Eso sucedió tanto con las Aceñas de Gijón como con las de Olivares. Acabada la concesión, de hecho o de derecho, y el fundamento económico de esos inmuebles en el cauce del río, debe prevalecer la normativa al respecto que nos indica que la CHD es el propietario último de todas estas edificaciones ubicadas en el cauce. (El caso de las Aceñas de Cabañales es más reciente porque fueron derribadas por el Ayuntamiento, y las de Pinilla se han adaptado y se dedican a la hostelería).
Por ello y llegado al final su uso para estas concesiones, anteriores alcaldes -creo que con buen criterio- promovieron otros usos, turísticos y de ocio, para las Aceñas de Olivares, e invirtieron fondos europeos para su rehabilitación. Al no ser propiedad municipal, se firmaron convenios con quien tenía la concesión aún de regadíos, pese a que hacía tiempo que había decaído la función, para poder realizar obras a largo plazo por interés público. En las Aceñas de Olivares se han invertido desde entonces más de 700.000 euros (puesta al día esa cantidad sobrepasaría los 2 millones) para su consolidación, rehabilitación y salas de exposiciones, incluida la puesta a punto de todos los ingenios hidráulicos. En definitiva se ha rehabilitado una propiedad de la CHD por interés municipal, con convenios con los concesionarios a largo plazo que ya no cumplen su función última y sobre una propiedad ajena.
Lo que procede en todos estos casos es que el propietario, dé por finalizada en los papeles una concesión que dejó de existir hace mucho tiempo y haga valer sus derechos de propiedad.
¿Debe el Ayuntamiento ponerse manos a la obra sobre otras Aceñas ya muy alejadas del Casco Urbano con estas cantidades de dinero? Habrá opiniones para todos los gustos. Pero lo indiscutible es que la conservación le compete a la CHD y en definitiva al Estado. Las Aceñas en el Duero constituyen un patrimonio de primer orden. El problema es su grado de deterioro al que solo puede hacer frente el Gobierno de España con sus fondos o con otros fondos especiales. El Ayuntamiento podría colaborar pero sin desatender otros frentes, como los sociales o de servicios obligatorios.
Otro ejemplo lo tenemos en las aceras de Cardenal Cisneros. No son del Ayuntamiento ya que para cualquier actuación se necesita el permiso del Ministerio de Fomento, es decir, del propietario. También aquí el Ayuntamiento ha decidido actuar al desentenderse el Ministerio de su renovación integral. Y en ello estamos como todos los ciudadanos han podido ver. Pero la inversión sobre propiedades ajenas tiene un límite.
Con buen criterio el Estado se comprometió a realizar una obra integral en varios tramos de Muralla. Es lógico porque es el propietario. Las propiedades tienen servidumbres especialmente cuando son bienes protegidos. Le pasa a muchos edificios en la ciudad privados, como el que se acaba de vender en la confluencia de las calles Santa Clara y San Torcuato, la Plaza de Toros o algunos edificios de la Iglesia en un estado deficiente.
Proudhon decía que la propiedad es un robo. En la otra visión está el actual derecho constitucional de propiedad, siempre condicionado a los límites del interés público. Disquisiciones ideológicas al margen, el hecho es que las propiedades de bienes patrimoniales tienen la carga de la conservación de la propiedad, y tal es el caso de las Aceñas de Gijón y de Pisones. La carga la impone el Plan de Urbanismo.
