La delegada del Gobierno en Castilla y León pidió en Puebla de Sanabria con contundencia, por su tono de voz, y claridad, por su expresión directa, solidarizarse incondicionalmente con la víctima e identificar al agresor. En el trascurso de la jornada de sensibilización "Desigualdad y Violencia de Género" la teoría quedó más que clara. La práctica, una vez más, se queda en deficiente. No ha habido un pronunciamiento de solidaridad con la víctima, una joven menor de edad. Palabras tremendas para escribir una información "joven" y "menor".
Solidaridad, apoyo y anonimato para ella y su familia. Hay que preservar su identidad para que los acosadores de tercera generación con tecnologías 3.0 no empiecen con el acoso en las redes, como ha ocurrido en otros casos. Que reciba todo el apoyo institucional, que sin duda lo habrá tenido, empezando por la propia Guardia Civil que pone en marcha el protocolo de atención integral a la víctima.
El presunto autor del delito ha puesto en entredicho a todo el gremio, pese a que son los agentes los que velan por la gente de estos pueblos, con todas las limitaciones de la España "marginada", algunos se empeñan en suavizar la discriminación apelando a la "España vaciada"... Que justifica muchas veces que no se destinen medios humanos y materiales suficientes.
La mujer dentro de la Guardia Civil y su preparación son un puntal básico en los casos de violencia de género y agresiones a la mujer. Ejemplos tenemos, también en el cuartel de Puebla. La Guardia Civil que estos días ve empañada su labor desarrolla un trabajo impagable. Doy fe.
Hay más violencia de género en los pueblos de la que se denuncia, en palabras de la jueza de Puebla. Casos que son sumamente conocidos, en una comarca tan pequeña, de hasta tres generaciones de maltratadores que se trasmiten la herencia de la violencia contra sus madres, sus hijas y sus mujeres con impunidad. Hijos que aprenden del padre, nietos que heredan su odio a la mujer del abuelo. Ahora con tecnologías 3.0. Una herencia con la que hay que acabar de raíz. Aquí habría que hacer un inciso sobre la influencia del alcoholismo y drogadicción.
La segunda parte de esta ecuación institucional era "identificar al agresor" básicamente por la inquietud que ha generado en un pueblo con poco más de un millar de habitantes, donde todos se conocen y donde todos conviven. Una comarca que realmente no llega a los 5.000 habitantes, en un centenar de pueblos dispersos. Han sido más las preguntas sobre quién es el agresor por la preocupación que ha suscitado que quién ha sido la víctima. Insisto que lo más urgente es la víctima.
Sabrá la delegada del Gobierno en Castilla y León si, como en otros casos de gran trascendencia social, hay que identificar públicamente al agresor, con la presunción de inocencia correspondiente a la que nos obliga la ley. De momento que se cumpla la primera parte: "solidaridad incondicional con la víctima" y que sean los jueces quienes dicten sentencia tras un juicio justo y con las garantías legales.
