Venenosa herencia la recibida esta semana por la consejera de Sanidad Verónica Casado que se encontró el mismo día de la toma de posesión con la propuesta surrealista que ha soliviantado a la comarca zamorana de Aliste y a toda la provincia en general. Desde que, el pasado jueves, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA desvelara la ocurrencia de cambiar consultas por transporte colectivo de enfermos, puesta sobre la mesa por una Gerencia de Sacyl en funciones, la bronca no ha hecho más que aumentar y será la máxima responsable de la comunidad en la materia quien se personará, finalmente, mañana lunes en Alcañices, esperamos que con la intención de poner fin a lo que los propios alcaldes de la zona afectada, en sintonía con el sentir ciudadano y de todos los colectivos provinciales definían como "barbaridad".

Y aún se quedan cortos si se examina a fondo el denominado "plan de contingencia" trasladado a los facultativos de la zona, sobre el que ninguna autoridad sanitaria ha tenido a bien pronunciarse hasta ahora, quizá porque la mera publicación del dislate los desautoriza como tales. Obligar a los pacientes a acudir a una consulta junto a otros enfermos en un mismo autobús que recorre varios pueblos, con horarios disparatados saliendo de madrugada y volviendo casi de noche en los casos más extremos, supone una vulneración de primer orden de los derechos básicos de la población. Más aún, siendo Aliste una de las comarcas más envejecidas con habitantes que superan los 80 años en muchos casos. Pensar en la estampa de una persona enferma y de avanzada edad aguardando el autobús de madrugada, haciendo un recorrido de varios kilómetros que puede suponer un desplazamiento de más de una hora de su domicilio y esperar, de nuevo, para invertir el trayecto, es cruel e inhumano.

Los autores del ensayo, que contemplaban la supresión de las consultas locales en varias localidades, estableciendo una docena de rutas con "transporte a la demanda", son el ejemplo palpable del abismo existente entre quien se sienta en el despacho a tomar decisiones únicamente con los números en la mano y la gente que intenta sobrevivir en los pueblos, esos mismos pueblos que los políticos, para quienes trabajan los ingeniosos técnicos, dicen querer salvar. "Obras son amores y no buenas razones". El popular refrán fue utilizado como eslogan particular por uno de los manifestantes de la comarca alistana en el pasado mes de marzo en Alcañices. Qué bien harían los señores técnicos y los políticos en escuchar más a personas como Tomás Castaño, el abuelo Tomasín, que, a sus 93 años exigía en la calle aquel día frío de primavera un derecho elemental. El nonagenario puede permitirse hablar con conocimiento y serenidad para exponer que los habitantes de la Zamora rural tienen la razón. "La razón que nos da nuestra dignidad como personas que quieren vivir en sus pueblos sin la sensación de no estar siendo olvidados por aquellos que tienen el deber de asegurarnos una vida digna".

Nadie niega la extrema dificultad que supone gestionar algo tan delicado como la sanidad pública en un entorno tan adverso como el de la Comunidad de Castilla y León y especial en provincias como la zamorana, con una dispersión geográfica de la que da muestra sus 248 minúsculos municipios, con una sangría demográfica alarmante y una población que envejece a fuerza de perder a los más jóvenes que emprenden el camino de la emigración. Pero la solución no puede ser la supresión de servicios y sálvese el que pueda. Para eso no necesitamos ningún genio al mando ni de la Sanidad ni de ningún otro departamento de esa Administración que se sostiene también, no conviene olvidarlo, con los impuestos que tributan quienes viven en esos pueblos que languidecen en los rincones apartados de la provincia.

Faltan médicos, también es insuficiente la plantilla de personal de enfermería. La reivindicación es larga en el tiempo. Y está cuantificada. En la Zona Básica de Salud de Aliste se pide que se cubran las plazas necesarias para llegar a tener una plantilla estable de doce médicos de equipo y cuatro médicos de área con su correspondiente personal de enfermería para atender 62 localidades. Este viernes, el Consejo de Salud de Sanabria reclamaba la cobertura de cuatro vacantes de área y la contratación de personal para suplir vacaciones y bajas, además de refuerzos en esta comarca durante el verano, época en la que multiplica exponencialmente su población: 700.000 visitantes más los trabajadores del AVE y lo anunciado es que el sistema de guardias, por falta de personal, supondrá dejar a un solo médico en el consultorio de Puebla varios días durante el mes de agosto. Son quizá, los casos más sangrantes de una situación generalizada.

A todas estas peticiones, reconocidas por Sacyl, la respuesta de los responsables de la anterior Consejería de Sanidad ha sido siempre que no había profesionales dispuestos a cubrir esas plazas, que la escasez de médicos era generalizada en toda España y exigía un pacto de Estado, lanzando la pelota al Ministerio de Sanidad. Huelga señalar que, con la inestabilidad política, no hubo ni hay, hasta ahora, acuerdo alguno. La Junta aprobó en marzo de este año un decreto de medidas urgentes en materia sanitaria en la que establecía una serie de criterios para considerar una zona "de difícil cobertura", lo que daría pie a incentivos para la contratación. Y el resultado fue tan restrictivo que solo la Alta Sanabria, en el caso de Zamora, cumplía los requisitos. Así que los propios sindicatos médicos se mofaron de la efectividad del decreto y siguieron apuntando a la misma dirección: las condiciones de contratación ofrecidas eran tan precarias que difícilmente ningún trabajador sanitario las aceptaría.

Es en ese mismo decreto donde se esconde la trampa que ha estallado en forma de escándalo esta semana. La norma dispone que "En aquellos casos en los que la carencia de profesionales dificulte la prestación de la asistencia en el ámbito de atención primaria que se desarrolla en los consultorios locales, la Gerencia Regional de Salud prestará, de forma gratuita, los servicios de transporte que sean necesarios para que los usuarios afectados puedan ser atendidos en su Centro de Salud o en otro Consultorio Local adscrito a la Zona Básica de Salud respectiva". Y eso es, ni más ni menos, lo que se ha pretendido hacer en Aliste, comarca que, por otro lado, no cumplía, a priori, esas características de difícil cobertura que dan lugar a incentivos profesionales.

Ante la falta de soluciones, la respuesta de la población durante todo este tiempo ha sido convocar nuevas protestas a las que se unen ya, sin rubor, los propios mandatarios locales encabezados por los representantes del PP, partido que gobernaba la Junta en el momento en el que se emitió el famoso decreto que, a la postre, se ha convertido en el primer tropezón de la titular estrenada por Ciudadanos, el actual socio de gobierno de los populares. Casualidades aparte, la realidad es que la falta de médicos continúa y amenaza más allá del ámbito rural. Dentro de poco más de un año sesenta profesionales de la capital alcanzarán la edad de jubilación, los recortes se sufren en todas las comarcas, en Toro y Benavente, aunque la parte más dura se reserve, como casi siempre, para las zonas rurales, donde son pocos y así parece que el eco de sus voces llega apagado a las puertas de las instituciones. O eso creen los responsables políticos, porque Zamora ha gritado alto y claro: una sanidad digna es un derecho de todos que debe ser garantizado por quienes nos gobiernan.