Recuerdo que hace unos años los medios de comunicación sacaron a la luz el índice de absentismo laboral en España e incluso hubo algún programa de investigación en el que se desvelaban conductas absentistas que habían llevado a empresas y aseguradoras a poner detectives privados a quienes fingían dolencias para no ir a trabajar. Y, como no podía ser de otro modo, saltaron todos los estereotipos sobre los españoles y su picaresca, vagancia, desayunos eternos y falta de compromiso con el trabajo, hasta el punto de que no faltó quien recordase que en este país hubo una ley de vagos y maleantes. Y entonces se sacaron comparativas con países como Finlandia o Bélgica que retrataban una situación que nos hacía sonrojar.

Sin duda por mi ingenuidad, pensé en ese momento que ante la situación denunciada las empresas y el Estado se pondrían manos a la obra para erradicar lo que eran prácticas poco honestas. Sin embargo, pasados unos días, el asunto pasó al olvido. Así que, mi conclusión, quizás errónea, fue que poco interés parecía haber en corregir la situación que, a la luz de los informativos, ahondaba en la visión de nuestro país de charanga y pandereta, chiringuito y cervecita y, a ser posible, en horario laboral.

El pasado mes de marzo, el gobierno fallido de la legislatura igualmente fallida anterior dictó el decreto 8/2019 dentro de los llamados viernes sociales, o viernes del decreto, según quien aluda a los sucesivos decretos que el gobierno de Pedro Sánchez, abandonado ya a su suerte y forzado a convocar nuevas elecciones, realizó en las semanas previas a las últimas elecciones generales. Dicho decreto aparecía con la denominación "de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo". En síntesis, impone la obligatoriedad de las empresas de llevar un registro de la jornada laboral de cada uno de sus empleados. Cuando leí el decreto, y recordando lo que anotaba al inicio de estas líneas, no puede por menos que sentir una profunda satisfacción, porque el decreto vendría a poner fin no solo al absentismo innato en los españoles, sino que también serviría para acabar con la presencia como sinónimo de eficacia y destaparía a quienes creen que estar mucho en la empresa es igual a implicación y buen hacer y no una evidencia de incompetencia o de carga de trabajo mal asignada, y, por supuesto, acabaría con la indolencia laboral hispana. Así que los españoles que cumplen con su obligación laboral verían cómo esa mayoría deshonesta era detectada en el día a día con dicho registro.

Ahora bien, mi alegría inicial pronto se ha visto empañada cuando me he percatado de algunas cuestiones. Los sindicatos y los trabajadores, esos absentistas impertérritos, dan su bendición al decreto; los partidos de derechas no han zaherido al gobierno por el carácter social del decreto y los de izquierda tampoco por sembrar la sospecha en el cumplimiento del deber de los trabajadores, y los empresarios se han limitado a hablar de la forma, aun cuando el decreto no impone un modelo de registro y cuando empresas públicas y privadas llevan décadas fichando, y el tiempo, pero no del fondo, que también les parece estupendo. Y tanta cordialidad me ha llevado a un nuevo recuerdo: que este decreto, más allá de su denominación, nace de la constatación de millones de horas extraordinarias que se hacen en este país y que no cotizan. Es decir, de un tema con la hacienda pública y es esto lo que aúna a sectores tan dispares para, de veras o no, dar su beneplácito al decreto. Porque, ¿quién va a defender que se defraude al fisco cuando todos andamos a vueltas con la corrupción? Y, por supuesto, ¿qué partido va a oponerse a recaudar más? Claro que mi duda surge ahora de cómo conjuntar que haya horas extraordinarias en este país en el que parce que pocos son los que cumplen con su horario laboral con eficacia.

Así que, con una mueca burlona, doy la bienvenida a este decreto que complicará el absentismo, fomentará la eficacia en el trabajo, incrementará las arcas del Estado en beneficio de todos, pagará a cada cual por las horas que trabaja y, por si fuera poco, fomentará la conciliación familiar y reducirá la precariedad laboral. Y todo ello con la anuencia de todos los agentes implicados que, por supuesto, aun sin registro laboral, han venido cumpliendo con sus obligaciones fiscales, laborales y salariales con pulcritud y justicia. Así que todos contentos, o a lo mejor solo algunos.