17 de marzo de 2019
17.03.2019
Editorial

Cazadores y animalistas: un equilibrio imposible si se politiza

16.03.2019 | 21:37

El conflicto larvado durante años ente cazadores y naturalistas ha estallado en las últimas semanas con la anulación, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de las normativas que regían la actividad genética en la región, y la consiguiente reacción política con la aprobación en las Cortes el pasado martes de una proposición de Ley con la que se pretende anular los efectos inmediatos de la sentencia. Son dos de las caras de un poliedro de múltiples y afiladas aristas, consecuencia de posturas antagónicas e irreconciliables donde lo difícil de conseguir se presenta, de momento, como un imposible: el equilibrio.

Que nadie piense que este es un conflicto simplista entre obsesionados por matar animales y defensores de la naturaleza, la realidad es mucho más compleja y contiene elementos que ponen en riesgo tanto los ecosistemas que dicen defender unos como la vida en los pueblos por los que se interesan otros. Para colmo, en los últimos meses, la polarización que preside la política española ha atravesado de lleno la polémica y a los partidos denominados animalistas se han contrapuesto programas de fuerzas del otro extremo del espectro ideológico, lo que ha contribuido a encrespar aún más el ambiente.

Descendiendo a la realidad, a la hora de analizar dicho conflicto, pueden argumentarse razones a favor de unos y otros. Porque, si bien es verdad que existe una creciente sensibilización debido a las consecuencias visibles de la acción directa del hombre sobre el medio ambiente, también es cierto que no todas pueden medirse por el mismo rasero, sobre todo cuando animales y hombres coexisten en un mismo espacio que tanto animalistas como cazadores dicen querer preservar: el medio rural. Pues para que ese mundo que cada día lo tiene más difícil pueda tener ciertas esperanzas es necesario encontrar ese equilibrio por el que abogan biólogos del prestigio de Miguel Delibes de Castro, el promotor de lo que es hoy el Parque Nacional de Doñana, de autoridad indiscutible en materia de conservación de la Naturaleza. Hijo, además, de uno de los grandes de nuestras letras, Miguel Delibes, amante defensor de la naturaleza y también cazador, entendiendo el concepto en el sentido más tradicional del mismo, lejos de las armas sofisticadas y de las monterías puestas a tiro al servicio de los "señoritos", cuya realidad social tan bien dejó plasmada el escritor en "Los Santos Inocentes".

Porque otra de las aristas que presenta el enfrentamiento entre cazadores y animalistas lo protagoniza el dinero. Los últimos hablan de un negocio basado en la observación y vinculado a la concienciación del medio ambiente que aún no ha despegado del todo, aunque sí es una baza por las que apuestan los pocos emprendedores que se atreven a poner un negocio en marcha en el medio rural con un crecimiento que puede ser exponencial si la puesta en marcha se adecúa a un modelo de sostenibilidad. La actividad cinegética genera actualmente unos 600 millones de euros en Castilla y León, diez veces más sumado el conjunto de España. Para el 80% de los pueblos, en clara decadencia, de la región, la actividad de los cotos municipales supone un complemento en sus escasos ingresos.

Ambos modelos deben ser compatibles porque lo que está claro es que los pueblos necesitan, desesperadamente, actividades capaces de generar empleo y, por tanto, asentar población. La España vacía no beneficia, ni siquiera a los animales. Esa es la conclusión a la que cabe llegar después de escuchar a otro colectivo, los veterinarios, que advierten sobre los peligros zoosanitarios que puede conllevar la sobrepoblación de ciertas especies. Porque, aunque demos por cierto los datos de las organizaciones ecologistas que aluden a lo minoritario de las licencias de caza, la realidad es que, en ese mismo espacio se desarrollan las producciones agropecuarias que dan de comer a la mayoría de la población y que conforman la base de la industria agroalimentaria que, en el caso de Zamora, es básica para ese futuro que tan negro se dibuja a la vista de los datos socioeconómicos.

La proliferación de jabalíes está vinculada, según los veterinarios, a posibles brotes de enfermedades que han tenido un coste altísimo para los ganaderos, como la peste porcina. Los daños en los cultivos son denunciados a diario por parte de los agricultores. No son datos para despreciar, tampoco, los accidentes motivados por la fauna salvaje en carreteras: solo en Zamora, hasta octubre del año pasado se registraron más de 5.500 en carreteras que unen los pueblos con servicios básicos de salud o de trabajo. Vías para las que tampoco se ha encontrado solución como el vallado, porque imposibilitaría el pase de los animales. Para colmo, la penúltima reforma de tráfico exime de los daños a los cotos y convierte en únicos responsables a los conductores que no tienen alternativa más que reducir la velocidad y extremar la atención, añadiendo dificultades a territorios como el zamorano, donde la movilidad ya es difícil por la dispersión de la población.

Pero es evidente, al mismo tiempo, que la actividad cinegética no puede quedar al albur del dueño de la escopeta. La provincia ya es escenario, demasiadas veces, de despreciables prácticas de furtivismo que, además, en alguna ocasión, han derivado en peligro para la salud pública al ponerse en circulación carnes de las que no existe ningún control biosanitario. Ni tampoco cabe pensar en escenarios montados "ad hoc" para señoritos de ciudad deseosos de exhibir trofeos a cambio de un montón de monedas que puede derivar en perjuicios para la estabilidad del ecosistema. Así llegamos a hablar del animal al mismo tiempo admirado, más temido y más vilipendiado, según el bando: el lobo, especie cinegética, hasta ahora, al Norte del Duero, prohibida para la caza al sur de la frontera que traza el río. Los ganaderos denuncian que las lobadas se han intensificado y las indemnizaciones que perciben de la Junta de Castilla y León les llegan tarde y mal.

Hay biólogos que señalan, precisamente, la indiscriminación de la caza del cánido como uno de los motivos que pueden explicar ese aumento del ataque al ganado en un momento en el que corzos, jabalíes, ciervos y otras presas tradicionales abundan en el monte: los ejemplares cazados, los más vistosos, son los machos que dirigen la manada y, sin ellos, el comportamiento de la manada tiende a la presa fácil, el ganado, aunque sea a la puerta de los pueblos cada vez más desiertos. Son los mismos especialistas que abogan por recuperar prácticas tradicionales como la incorporación de los mastines para el cuidado de los rebaños. El anteriormente citado Miguel Delibes de Castro, lo reivindicaba en estas mismas páginas hace escasas semanas, además de evidenciar que existe una peligrosa tendencia de "humanizar" a la fauna, hasta el punto de despreciar los peligros que su falta de control llega a implicar. No todas las iniciativas comportan el mismo éxito que la reintroducción del lince en Doñana o del lobo en el parque norteamericano de Yellowstone, porque la premisa de la que se debe partir siempre es la coexistencia de animales y hombres, compartiendo y sirviéndose del mismo espacio.

Con todos estos elementos en juego resulta evidente lo fundamental del papel de arbitraje de la Administración, pero a la vista del resultado, todo parece indicar que tampoco en este campo se han hecho bien los deberes. La última sentencia del TSJ es solo eso, la última. Otras siete veces los juzgados han tirado por tierra las diversas normativas elaboradas más desde los despachos que a pie de campo. Sin el asesoramiento ni la base adecuados, puesto que uno de los puntos del auto dictado por el TSJ incide en que no existen datos actualizados y fiables de los censos de población animal. Si estas cuestiones no se han corregido, la propuesta de ley aprobada el martes corre peligro de quedar en papel mojado por mucho apoyo que haya recibido de los tres partidos mayoritarios.

Apenas una semana para elaborar una ley exprés no es un plazo que ofrezca, en principio, muchas garantías para confiar en que todos esos errores se hayan subsanado. Y en el tiempo, escaso, en que se pretende que entre en vigor, antes, naturalmente, de las elecciones, aún deben aclararse aspectos polémicos como el indicado en las páginas de este periódico esta misma semana sobre la posibilidad de la caza de corzas en época de cría.

Conservación de la naturaleza y caza, puesto que hablamos de una actividad que acompaña al hombre desde sus inicios, deberían ser capaces de encontrar un punto de encuentro que, hoy por hoy, parece demasiado lejano. Y en nada ayuda que las prisas sean las consejeras de la Administración en manos de partidos políticos que, con la cita electoral a la vuelta de la esquina, solo han leído una parte de las reivindicaciones contenida en una de las pancartas de los que protestaban el miércoles a la puerta de las Cortes: "La caza también vota". La confrontación sigue servida y las soluciones verdaderas, a la espera de que impere la cordura.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook