Hay muchas personas contentas con que el presidente Sánchez, que gobernaba en una incómoda minoría de 85 escaños, se haya decidido, por fin, a convocar elecciones generales para el 18 de abril. Y el más contento es don Pablo Casado, el nuevo dirigente máximo del PP que se atribuye el mérito de "haber detenido la venta de España a los independentistas catalanes". Una venta que al parecer estaba tramando el presidente socialista a espaldas de su partido, del Congreso de los Diputados y de la opinión pública en general a cambio de prorrogar un año más su estancia en el palacio de la Moncloa. Porque en opinión del señor Casado y de la cúpula directiva del PP, el todavía presidente del Gobierno es tan fatuo que es capaz de poner en riesgo la unidad territorial de España a cambio de seguir disfrutando de las prebendas que van aparejadas con el cargo, incluido el uso de un reactor "Falcon" para sus desplazamientos a citas políticas internacionales y algunos viajes por el cielo de la patria para asistir a conciertos musicales y otra clase de eventos. En fin, que nos lo retratan como un perfecto idiota.

Pero lo que nadie nos ha explicado todavía es cómo un idiota, por muy atrevido y muy presidente que sea, pueda acordar la venta de una parte importante del país sin que antes no sea detenido por alta traición o recluido en un psiquiátrico con una camisa de fuerza para que no haga más locuras. Y algo parecido habría que opinar sobre el nuevo jefe de la oposición y los que le bailan el agua que insisten en querer convencernos de que la operación de venta de Cataluña a los independentistas es casi tan sencilla como la de vender entre particulares un piso.

El tiempo de la venta de grandes territorios o de enclaves estratégicos entre naciones parece haber pasado a la Historia. En el inicio de su expansión, EE UU compró grandes extensiones de terreno a las potencias coloniales que los controlaban. Por ejemplo, la Luisiana a Francia, la Florida a España, Texas a México, combinando los acuerdos por escrito con la fuerza militar, o Alaska a Rusia. Todo eso ocurre entre Estados aunque últimamente hemos conocido la compra de grandes territorios por compañías chinas en África y en Australia, lo que ha dado lugar en este último caso a una apasionada polémica. Lo que se debate ahora en España, diga lo que diga el señor Casado, no es la imposible venta de cuatro provincias a una parte minoritaria de sus habitantes (la mayoría social no quiere la independencia) sino el rédito político que pudiera derivarse del uso distorsionado de la llamada cuestión catalana. Recuérdese que el presidente Zapatero fue acusado de haber llegado a un acuerdo con ETA para entregar Navarra a la comunidad autónoma vasca a cambio del cese de la violencia terrorista. El disparate no tenía ni pies ni cabeza pero fue intensamente utilizado para desprestigiar al presidente socialista. Eso sí, la Constitución Española contempla la posibilidad de que Navarra se incorpore a la autonomía vasca previo referéndum.