El derecho a decidir se está utilizando como una manera de encubrir el derecho de autodeterminación, precisamente ahora en el tiempo de la globalización. Por eso parece conveniente refrescar la memoria personal y colectiva, porque a veces esa memoria es perezosa para los ciudadanos que vivimos los tiempos de la Transición democrática de nuestro país. Todavía más importante es hacer presente a los jóvenes, que no tuvieron ocasión de vivir periodos tan importantes y decisivos para la historia de España; porque me temo que en los institutos, ni tampoco en las universidades han tenido suficiente diligencia en impartir asignaturas tan trascendentales. Me estoy refiriendo a la construcción del Estado moderno y contemporáneo, es decir, de donde procedemos política y socialmente y donde estamos, hoy, de manera que tengamos el conocimiento y la capacidad de conformar una opinión libre.
Entre las complicaciones que tenemos que enfrentamos en esta España del siglo XXI, está el asunto que da título a esta reflexión, es decir: el derecho de los pueblos a decidir. Pues bien la mayor parte de los catedráticos y estudiosos de derecho constitucional coinciden en un principio: "para que el ejercicio de la autodeterminación sea una posibilidad legítima en un país democrático, es absolutamente necesario que haya sido reconocido por la mayoría de los ciudadanos y recogida en la Constitución correspondiente". Tanto es así que todas las constituciones aprobadas después de la Gran Guerra, solo los constituyentes de la antigua Yugoslavia y de la inexistente Unión Soviética, se atrevieron a introducir clausulas con ese contenido.
Para saber de lo que estamos hablando y consigamos razonar, podemos identificar la autodeterminación con la intención de independizar un territorio respecto del Estado en el que estaba incorporado. Este derecho de autodeterminación fue debatido por las Naciones Unidas en diciembre de 1966 y ratificado por España en 1977. De manera que la llamada autodeterminación, se identifica con el principio democrático y fuente legitimadora, donde solo el pueblo (todo el pueblo) aparece como sujeto de como él desea ser gobernado.
Siendo estos principios universalmente democráticos, España se autodeterminó en el momento que se aprobó la Constitución de 1978, que por una amplia mayoría, ratificada por referéndum del pueblo español de manera libre y soberana, adoptando entre otras importantes decisiones en materia de derechos fundamentales: la organización de los poderes, forma de gobierno (Monarquía parlamentaria) y forma de Estado (políticamente descentralizado). Así como la unidad de España y la solidaridad entre sus pueblos.
Como diputado Constituyente participé en los debates, en las decisiones y por lo tanto en las votaciones parlamentarias; también en la explicación a los ciudadanos. Por eso no se me olvidan los resultados de las votaciones celebradas el 31 de octubre de 1978, que fueron los siguientes: de los 350 diputados, 325 votamos a favor, 6 en contra, 14 abstenciones y cinco ausencias. Por otra parte el Referendo celebrado el 6 de diciembre de ese mismo año, con una participación del 67%, el voto afirmativo fue del 87.9% de los votos emitidos.
Es verdad que el acuerdo se produce porque una parte no tenía fuerza para imponerse a la otra, pero también porque teníamos conciencia y la responsabilidad de no volver a los tiempos de la guerra civil, así como la cordura de alejarnos de posiciones reaccionarias
Volviendo a la contundencia de estos resultados, que hablan por sí solo y con claridad de la voluntad mayoritaria del pueblo español, así como la voluntad inequívoca expresada y autodeterminada; es cierto que algunos partidos nacionalistas, en concreto el Partido Nacionalismo Vasco (no así los catalanes) nos recuerdan cada cierto tiempo que no votaron la Constitución, sin embargó otras fuerzas políticas, también vascas, si la votaron afirmativamente, siendo esta la posición mayoritaria en Euskadi. Por lo tanto el territorio vasco y el resto de lo que hoy son las comunidades autónomas nos autodeterminamos cuando se aprobó y refrendó la Constitución, al mismo tiempo que el resto de los demás españoles. Por cierto en Cataluña, el voto afirmativo fue el 91.09 de los votos emitidos.
