Las protestas por la gestión pública de la sanidad en Castilla y León han vuelto a poner el acento sobre una cuestión con la que no caben medias tintas ni posiciones electoralistas. No caben porque hablamos de algo que toca muy de cerca a las personas y ya se sabe que con la salud no se juega.

No tiene ningún sentido entrar en debates estériles. Y me refiero a si han salido a protestar 50.000 0 15.000 personas el pasado fin de semana o si la situación es culpa del Ministerio, de la ministra de turno o de la Administración autonómica. Nadie sale a la calle a reivindicar mejoras sin motivo alguno, como tampoco la responsabilidad es imputable a una sola administración. Aquí, de haberlas, hay culpas para todos y desde hace años. Y haberlas, las hay a pares.

Lo primero es reconocer la existencia de un grave problema en el propio modelo, que no es exclusivo de Castilla y León, aunque en esta Comunidad, por su extensión geográfica, envejecimiento y dispersión, se haga más evidente. Y mientras eso no suceda, la sanidad seguirá siendo la perfecta arma arrojadiza entre partidos políticos, que más que enfermos y ciudadanos ven votos. Un grave problema, como digo, que tiene además varios flancos, entre los que sobresale la organización. No tenemos un problema de falta de médicos, sino de distribución. Somos prácticamente 200.000 ciudadanos menos que en el año 2001, cuando la Junta asumió las competencias sanitarias, y hay más médicos que entonces. El sistema no absorbe ni la mitad de los facultativos que salen de las facultades y las plazas que se convocan no son proporcionales a las necesidades reales, que están más bien en el ámbito de la medicina familiar. A ello se une la falta de motivación para ejercer en el medio rural más alejado de las ciudades y ni siquiera la apertura de los consultorios son la panacea a una situación demográfica en declive, a no ser que lo que queramos sea tener médicos al volante de un coche durante toda su jornada. Falta realmente una organización adecuada a la demanda y, sobre todo, la voluntad política para firmar un pacto por la sanidad. Una inyección de realidad no les vendría mal a quienes hacen los planes y a quienes los critican.