El populismo, es decir, la simplificación demagógica de la complejidad de los problemas políticos, económicos y sociales, ofertando al electorado su resolución inmediata y completa, puede ser de derechas o de izquierdas, etiquetas que, a mi juicio, conservan todavía su vigencia y su consiguiente utilidad taxonómica. Por supuesto, los programas electorales de todos los partidos políticos contienen dosis más o menos altas de simplificación. En el caso del populismo, sin embargo, la simplificación resulta inherente a su impugnación completa del sistema institucional vigente, que se identifica con el mal absoluto. Nuevamente hay aquí, empero, grados de mayor o menor negación sistémica.

Incluso cuando se utiliza como arma en el combate dialéctico del debate parlamentario, la simplificación es intelectual y éticamente deshonesta, amén de antidemocrática, ya que el respeto que se debe al adversario y a la pluralidad de la opinión pública exige desplegar, como mínimo, su misma capacidad de matización en el análisis de la realidad. El colmo de la simplificación se alcanza cuando la deshumanización política del oponente se traduce en una descalificación sumaria y omnicomprensiva. Por ejemplo, cuando desde la tribuna o desde los escaños de una asamblea se le tacha de "fascista", renunciando así a cualquier intento de diálogo en un foro justamente establecido para el intercambio de ideas y propuestas. En ocasiones. Lo que hay es aquello que el filósofo Leo Strauss denominaba como "reductio ad Hitlerum", o sea, la abusiva desautorización como nazi de una actuación, ideario o argumentación que se asocian falazmente a la experiencia histórica del nacionalsocialismo. Claro está, ni todas las derechas son fascistas ni todas las izquierdas deben despacharse como "estalinistas".

Pues bien: en nuestra percepción política habitual, Podemos aparece como un partido populista de extrema izquierda, contrario al régimen político-constitucional de 1978. ¿Es Vox, en el polo opuesto, un partido fascista? En absoluto cabe deducir tal cosa ni de su programa ni de su actuación pública hasta la fecha. Ahora bien, ¿es Vox un partido populista contrario al régimen del 78? Así lo pienso sin duda alguna. Y la principal razón es la siguiente: Vox es abiertamente opuesto al Estado autonómico, propugnando en su programa el Estado unitario, o sea, centralista: "Un solo gobierno y un solo parlamento para toda España", proclama. Esto contradice -lícitamente, desde luego- uno de los pilares de la actual forma estatal, ya que la Constitución "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones" que integran la nación española y la solidaridad entre todas ellas (art. 2º). Para suprimir el Estado autonómico (sin promover un baño de sangre, quiero decir) se requeriría modificar la Constitución por el método más agravado de reforma, el previsto en su artículo 168: mayoría de dos tercios en el Congreso y en el Senado, elecciones generales inmediatas, idénticas mayorías en las nuevas Cámaras y referéndum nacional. En suma, algo que ni en sueños estaría jamás al alcance de los populistas de Vox, y de ahí el carácter demagógico y fraudulento de su propuesta. Consciente de semejante brindis al sol, Vox propone, como "paso previo" a semejante transmutación alquímica, la "devolución inmediata al Estado de las competencias de educación, sanidad, seguridad y justicia limitando en todo lo posible la capacidad legislativa autonómica". Nueva receta fraudulenta: los Estatutos de Autonomía, que es donde se contienen esas competencias, son irreformables unilateralmente por el Estado, salvo que medie una modificación constitucional, hipótesis escasamente realista. Habrían de ser, pues, las propias Comunidades Autónomas las que iniciaran la reforma estatutaria para devolver tales poderes al Estado. ¿Es esto concebible? Por un momento pareció pensarlo así Esperanza Aguirre, incapaz de gestionar la sanidad madrileña sin privatizarla, pero fuese y no hubo nada.

Más demagogia simplificadora: ¿por qué quiere regresar Vox a un, ya imposible, Estado unitario? Para que "promueva la igualdad y la solidaridad en vez de los privilegios y la división", según afirma. Cabe suponer que esa "división" es la encarnada y defendida por los partidos secesionistas, a quienes tampoco interesa el Estado autonómico, y ni siquiera el Estado federal, y a los cuales Vox quisiera miopemente (e inconstitucionalmente) ilegalizar, lo que no les dejaría otro camino que la insurrección. En cuanto a los "privilegios", el programa de Vox los identifica expresamente al pretender la "supresión del Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas regiones y sus diputaciones forales al régimen común". ¡Otra quimera demagógica, en este punto para consumo de los votantes de las regiones menos ricas! Por supuesto, Vox no menciona que es la Constitución misma la que declara amparar y respetar "los derechos históricos de los territorios forales" y prevé su actualización estatutaria (disposición adicional 1ª). Ciertamente, la Constitución puede reformarse, pero no parece que la política española necesite ahora una nueva edición de las guerras carlistas.

(*) Catedrático de Derecho Constitucional