La XXX Cumbre Hispanolusa celebrada el pasado 22 de noviembre en Valladolid dio una nueva vuelta de tuerca al problema de la despoblación. En la reunión a la que acudieron el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, su homólogo portugués Antonio Costa, con el presidente Herrera como anfitrión, Zamora tuvo nombre propio y no sólo por ser el territorio que más se desangra demográficamente. Ambos países sellaron un acuerdo por el que se pretenden impulsar infraestructuras estratégicas como priorizar el corredor Braganza-Zamora, necesario para la conexión rápida de la zona más industrializada del país vecino con Europa a través de la provincia zamorana. La colaboración entre ambos lados de la Raya o, desde un punto de vista con más sentido de Estado, el desarrollo de una política con vocación ibérica, puede ser parte de la respuesta que busca un territorio como el zamorano para asegurar un futuro que ahora se presenta como incierto.

Portugal ha pasado de ser uno de los países más castigados por la crisis a ser puesto como ejemplo de superación por el crecimiento económico experimentado en los últimos años. En Zamora es algo más que un turismo pujante por la cercanía y un mercado potencial para los establecimientos comerciales radicados a este lado de la Raya. Es uno de los principales destinos de las exportaciones zamoranas con crecimientos superiores al 50% en el cómputo desde la entrada del euro. Las relaciones comerciales son fluidas e intensas con intercambio casi continuo de misiones empresariales en busca de nuevos nichos de mercado. Por si esto fuera poco, los empresarios del norte de Portugal han mostrado abierto interés en Zamora como sede de ese ansiado turismo de congresos que no acaba de arrancar.

La colaboración entre ambos países solo puede traer beneficios a ambas partes, sobre todo, si es capaz de alumbrar, como se anunció en Valladolid, una estrategia ibérica contra la despoblación. Una cuestión, la crisis demográfica, de máxima urgencia abordada solo una semana después en Moncloa en el encuentro bilateral mantenido entre Sánchez y Herrera y del que salió un anuncio que puede resultar del todo trascendental: el compromiso para extender la banda ancha de Internet al medio rural, con una aportación de 75 millones de euros, cofinanciados por los dos gobiernos, 50 del central y los 25 restantes de Castilla y León.

Es más que probable que, dadas las características de extensión y dispersión del territorio, pero, sobre todo, de las terribles carencias en cuanto a conectividad, ese dinero sea insuficiente. En ese encuentro, preámbulo de una agenda con medidas específicas contra la despoblación que se abordará en primavera, hacía falta una posición más clara de los mandatarios para abordar una reforma de la normativa para que la telefonía móvil y la conexión a Internet pasen a ser considerados servicios básicos como la telefonía fija o la electricidad, siguiendo así las directrices marcadas por la Unión Europea. Solo de esta forma podría cerrarse la puerta por la que escapan las operadoras telefónicas que argumentan razones de rentabilidad para extender sus redes, cuando hoy son un instrumento imprescindible para la prosperidad de cualquier negocio, por encima, incluso, de infraestructuras de transporte como el eje Braganza-Zamora defendido una semana antes en la cumbre hispano portuguesa.

Pero tanto para carreteras como para la inversión en conectividad se necesitan partidas y un nuevo modelo de financiación autonómica cuyo horizonte se aleja por la debilidad parlamentaria del Gobierno para sacar adelante los presupuestos. Y el caso es que esa y no otra es la clave: el presupuesto.

Porque entre acuerdos y promesas de mandatarios lo que se cuela en titulares de estos mismos días de intensa agenda política es el miserable resultado para Zamora del reparto de los fondos de compensación interterritorial. Dinero que llega a las comunidades autónomas de las arcas estatales y que tienen como objetivo corregir las desigualdades entre territorios. No por repetido deja de resultar menos hiriente que sean provincias como Valladolid y Burgos las que figuren entre las más beneficiadas cuando son las dos que superan la renta media europea. Para Zamora, 2,2 millones de euros para dotaciones sanitarias, la más baja de la década. Con datos como estos resulta difícil hacer creer a los zamoranos que un pacto político pueda remediar su situación de extrema urgencia. Y, sin embargo, los pactos institucionales son necesarios para crear las condiciones óptimas a los inversores. Mientras los mandatarios que nos gobiernan despejan dudas con esa agenda que tienen pendiente, debería intensificarse aún más la relación con Portugal, desde donde se apunta, parece, con mejores ojos, a Zamora como zona de influencia en lugar del sempiterno papel de Cenicienta del desarrollo económico español.