Vaya por delante que eso de impartir justicia siempre ha tenido mala prensa. Nadie ama a los árbitros, por bien que piten. La crítica y la desconfianza ante cualquier decisión judicial se dan por hechas, dado que se ventilan siempre pleitos enconados o conflictos que las partes no han sido capaces de resolver. Precisamente por esa debilidad de partida, en todos los sistemas y países democráticos se intenta hallar la forma óptima de elegir jueces y de organizar la Justicia. Y cuando no se halla o no se quiere hallar, cuando la desconfianza en el sistema judicial precede de forma generalizada a sus fallos es cuando hay un problema muy serio que la política, como forma de gobernarnos democráticamente, debería solucionar.
Nuestro problema, en España, es que es la política precisamente la que ha enfangado la administración de Justicia. La llamada "crisis de las hipotecas" es imposible que se hubiera producido, en tan escandalosos términos, sin el previo y largo manoseo, manipulación y caciqueo del sistema judicial por parte del PP. Alguna de las asociaciones de jueces lo viene advirtiendo con meridiana claridad: el problema es que al frente de los principales órganos judiciales no están los mejores, los de más experiencia, los más capacitados; sino los más dóciles al partido que los promociona a esos cargos. Y así es difícil fortalecer y dar más prestigio, al siempre delicado, discutido y discutible sistema judicial. Más aún cuando el partido más votado de España (aún) sigue siendo el más desvergonzado con diferencia a la hora de poner a sus servicio cuantos organismos e instituciones del Estado puede controlar. (Véase, entre mil ejemplos posibles, el aquelarre que tiene montado ahora mismo en el Senado, aprovechando su mayoría absoluta para convertirlo en una máquina del fango contra sus adversarios políticas).
Pese a todo lo cual, desde aquí abajo, desde la calle, no conseguimos entender que haya jueces dóciles, sumisos y entregados a los partidos, teniendo como tienen un trabajo blindado, que se consigue en durísimas oposiciones, pero del cual después difícilmente te pueden desposeer. ¿Qué necesidad tienen de vender sus dignidad por el plato de lentejas de un cargo temporal de tanto oropel como inconsistencia? Si los partidos los utilizan y manosean es a la postre porque siempre hay los suficientes que se dejan. Y de los principales partidos y la política nos esperamos cualquiera cosa, cualquier maldad, porque nunca les hemos visto remedio. Pero de los jueces, de los fiscales, de los altos funcionarios de las Administraciones del Estado, todos blindados por ley contra las presiones y mercadeos, sí que esperábamos y esperamos más. Y lo digo consciente de que son unos pocos, seguro, los que marcadean o se dejan mercadear, mientras la mayoría, como pasa en cualquier gremio, cumple con sus deber y "arbitra" lo mejor que puede los conflictos, líos y delitos que llegan hasta sus mesas.
El problema del Tribunal Supremo no es que se haya equivocado hasta el corvejón y haya gestionado de pena el tema de las hipotecas. Un error, incluso gordo, lo tiene cualquiera. Nadie acierta siempre a gestionar adecuadamente un problema. El problema es que de pronto se le ha visto el plumero al completo. No un poco como otras veces; al completo. Con incapaces en puestos decisivos. Anteponiendo criterios políticos o económicos, a los judiciales, que son los únicos que les están permitidos. Diciendo hoy lo que anulan mañana y vuelven a recuperar en dos días. Creando justo lo opuesto a la función de ese alto tribunal: inseguridad jurídica. Si a todo ello añadimos que el supuesto error o fallo final implica un montón de millones de euros a favor de los bancos y en contra de los abajo, ya me dirán. Por chispas así, por meteduras de pata de este calibre, se han originado incendios incontrolables a lo largo de la historia.
La Justicia existe para evitar la ley de la selva, para que los pocos fuertes no se impongan sobre los muchos débiles. Cuando ocurre lo opuesto, cuando la Justicia decide, aunque sea por un par de votos, que son los fuertes los que tienen razón y avalan su abuso, la deslegitimación es total. Y hay que protestar, gritar, levantar la voz. La mayoría, en la calle: no hay otro ámbito para quienes no sabemos de leyes ni tenemos dinero para pleitos. Otros, como las asociaciones de consumidores y similares, ante tribunales más altos. Cualquier cosa menos callar, porque no es admisible una justicia o democracia bancaria ni los ratones podemos permitir que nos juzguen o gobiernen los gatos. Es que es así.
Secretario de Comunicación de Podemos CyL (*)
