Las crecientes protestas de médicos y usuarios apuntan a una situación próxima al colapso de la Sanidad en el medio rural. Las movilizaciones son continuas tanto en Sanabria como en otras comarcas, el viernes, en Toro con una nueva manifestación que reunió a medio millar de personas. Las quejas hacen referencia a una situación de déficit de profesionales que la administración responsable achaca a que no encuentra facultativos a quien contratar. Las quejas aumentan mientras desde la Junta de Castilla y León se asegura que la atención al usuario está garantizada, y eso, pese a reconocer su incapacidad para solucionar las vacantes que no se cubren. Sin embargo, la aplicación de la más pura lógica, pone en evidencia esa garantía de atención o, como mínimo, su calidad por mucho que las autoridades sanitarias se empecinen en recitar lo contrario casi como un mantra.
Convendrán los responsables políticos de la Consejería de Sanidad que si, por ejemplo, en un determinado centro de salud el número de médicos que pasan consulta se reduce, pero permanece invariable o aumenta el número de pacientes, el trabajo se multiplica. No digamos cuando llegan los veraneantes a los pueblos o en puentes festivos. Puede que, con un sobresfuerzo humano del profesional en activo, todos los enfermos acaben pasando por la consulta, pero la atención acaba, por fuerza, resintiéndose porque no se dan las condiciones adecuadas. Tampoco puede entenderse como práctica habitual que médicos de cabecera cubran, por ausencia del pediatra, la especialidad que afecta a la salud de los más pequeños. Al menos, esa no es la noción que se desprende de derecho básico reconocido en la Constitución y en la Ley General de Sanidad.
Las leyes establecen la igualdad sobre el papel. Pero, en la práctica, los desequilibrios territoriales acaban por quebrar dicho principio. Porque, un contribuyente tiene la obligación de cumplir con sus obligaciones fiscales, los impuestos con los que se financian los servicios, independientemente del lugar de residencia. Sin embargo, la situación de un paciente en un pueblo de Aliste no resiste comparación con quien tiene su vivienda habitual al lado del hospital de la capital zamorana y, mucho menos, con quien tiene al alcance los recursos de los hospitales de mayor envergadura que son centros de referencia y se encuentran fuera de la provincia. En los casos más graves, la distancia, las condiciones de transporte, entrañan riesgos ciertos para la vida de los usuarios.
Son extremos, sí, pero se trata de situaciones que han de considerarse. Tampoco en el día a día se reúnen las condiciones mínimas. Una frase cazada al vuelo por un usuario en un centro de salud de la capital, con una plaza de Pediatría vacante, puede resumir la situación: "Esto pasa por tener pocos niños". Efectivamente, Zamora paga de nuevo muy cara la factura de la despoblación, del envejecimiento y de la dispersión de sus núcleos de población. Pero hay servicios básicos en los que la rentabilidad económica no puede ser el criterio imperante, porque, si es así, desde la Junta no puede hablarse de políticas activas contra el vacío creciente del mundo rural. Garantizar la sanidad es un factor clave para asentar población.
Las condiciones en las que trabajan algunos médicos, como en el área básica de Puebla de Sanabria son inaceptables, porque no garantizan una atención adecuada: de catorce teóricos médicos, en la última semana nueve se ocupaban de más de 6.000 personas distribuidas en 21 municipios que agrupan, a su vez, a 68 localidades; miles de pacientes repartidos en un área de casi 2.500 kilómetros cuadrados. Las guardias en el centro de Puebla, a kilómetros de muchas de esas localidades, se reducen a un solo médico con un refuerzo, ahora, de dos enfermeras; hay facultativos que sobrepasan las horas máximas. Las situaciones de desbordamiento han dado como consecuencia que muchos consultorios de pueblos se han quedado sin ver al médico esta semana. Quienes se quedan en los pueblos cuando se marchan los veraneantes no siempre disponen de un medio de transporte para acudir al centro de salud más próximo. El ejemplo, el alfoz de Toro, donde los alcaldes han llevado a vecinos en sus coches particulares para que pudieran ser atendidos.
En el hipotético caso de que el médico llegue al consultorio del pueblo, lo más frecuente que no se trate del mismo profesional de una forma regular. Como, para colmo, no hay acceso a Internet en muchas comarcas, el seguimiento del historial clínico se reduce a lo que pueda contarle el enfermo, si está en condiciones de hacerlo. Frente a esta realidad, oír hablar de la implantación de Telemedicina a las autoridades de Valladolid resulta chusco e invita a pensar que habitan en otro mundo, muy distinto, al de sus contribuyentes, los mismos que pagan con sus impuestos un servicio que no reciben.
En Sanabria, que se dé una urgencia entre 6.000 teóricos pacientes, la mayoría de ellos de edad avanzada y, por tanto, con patologías propias de los mayores, es algo más que una posibilidad. Pero solo existen tres unidades medicalizadas de emergencias para toda la provincia de Zamora, una de las cuales pretende utilizarse como refuerzo por parte de Sacyl.
La crisis económica desplazó a muchos sanitarios españoles a otros países europeos, donde han sido bien recibidos por su excelente formación. Al ser menos los profesionales, según las estadísticas es uno de los colectivos donde menos se ceba el paro. En algunas especialidades como Pediatría, se llega a alcanzar el pleno empleo. Pero, por sí solas, no son razones suficientes como para justificar el caos que se percibe en los pueblos. En ocasiones, las reordenaciones que se llevan a cabo desde los despachos y que atienden únicamente al número de cartillas sanitarias, chocan de bruces con la realidad de la vida cotidiana. Si a ello le añadimos las jubilaciones y la falta de plazas MIR, encontramos alguna explicación más.
"Si conocen algún pediatra, díganmelo, que lo contratamos", vino a decir un abrumado gerente de Atención Sanitaria la pasada semana ante la oleada de protestas. Esa es solo parte de la cuestión, una primera línea de defensa frente a las actuaciones que podrían llevarse a cabo desde la Junta en lugar de lamentarse de la escasa disponibilidad del colectivo médico. La Consejería anuncia la creación de una comisión, se eleva a Madrid como cuestión de urgencia nacional la escasez de médicos y desde Sacyl se habla de que se están tomando medidas, pero, otra vez este viernes, se repitieron las quejas en el centro de salud de Puebla.
Paradójicamente, el mismo día de la manifestación de Toro y de las nuevas quejas de usuarios en Sanabria, el Parlamento Europeo celebra unas jornadas sobre despoblación en Zamora donde se propone, entre otras cosas, medidas de discriminación positiva. Dentro de estas últimas podrían encuadrarse incentivos de tipo económico a los facultativos, pero el gerente regional de Sacyl se ha apresurado ya a descartarlo en el caso sanabrés. Así, resulta difícil reconducir la indignación que recorre las comarcas zamoranas.
A la vista está que son necesarios incentivos, económicos o de tipo curricular para hacer esas plazas más atractivas. Pónganse en marcha medidas, sí, pero quizá debería escucharse lo que sugieren los propios facultativos, más plazas MIR que puedan ser tutorizadas en las áreas rurales. En definitiva, acción y soluciones en lugar de invitarnos, una vez más, a la resignación.
