El presidente del Gobierno y la vicepresidenta, Carmen Calvo, han dejado caer que el delito de rebelión no es aplicable a los imputados del procés en vísperas de la apertura del juicio oral. Calvo ha sido aún más explícita con Carlos Alsina, en la radio. Para ella cualquier tipo de rebelión requiere uso de la fuerza. Quiso referirse, seguramente, a un alzamiento violento, porque fuerza nadie puede dudar que no la hubiese. En cualquier caso ha dicho también que el delito de rebelión, de existir, en su momento debería adecuarse a las circunstancias actuales. El momento incluye, eso ya no lo dijo, que esos imputados son precisamente los que la sostienen a ella y al Presidente en la Moncloa, y están siendo sondeados para apoyar el presupuesto del Estado. La vicepresidenta opina igual que el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que no hace mucho todavía denegó la extradición de Puigdemont por el mismo motivo que a ella le inquieta. Si no existía rebelión, la primera pregunta que podemos hacernos es por qué el doctor Sánchez, el gobernante más veleta de la reciente historia, se mostró antes partidario de aplicar el artículo 155 en Cataluña.
En los asuntos que conciernen al Estado, y este es uno capital, conviene no confundir ni confundirse, y actuar lealmente junto al resto de los poderes, incluso cuando puedan surgir discrepancias. Mantener la confianza es esencial, vean el ejemplo italiano de Salvini que ha aprendido a cohabitar con Di Maio cuando no hace demasiado todavía despreciaba a los meridionales como él llamándolos terroni. O la confianza en sí mismo del propio Di Maio, que jamás trabajó y se ha convertido, sin embargo, en ministro del Trabajo de Italia.
