Lo normal de un tonto con una pistola cargada es que termine disparándose en un pie. Lo seguro es que antes se habrá llevado por delante a algún incauto que se le haya puesto cerca y a tiro.

Cuando de dos se pasó a cuatro fuerzas políticas representativas, nuestros políticos subieron la apuesta de sus propuestas electorales. Pero como cada vez es más estrecho el margen de maniobra dentro de lo que se considera políticamente correcto, los partidos no extremistas o antisistema agudizan sus promesas sobre cuestiones de forma para cubrir la necesidad de limitar el mensaje sobre el fondo de los asuntos a ese terreno de juego en el que los medios no los masacren ni alarmen al electorado.

Esas dos premisas las sintetizó Pedro Sánchez cuando acuciado por su debilidad interna en el PSOE y con riesgo de quedar incluso como última fuerza, empezó a prometer absurdos que sonaban bien sin pensar que muy pronto serían el disparo en su pie. En los niveles de actividad profesional, económica y empresarial de los que, en buena lógica, han de proceder la mayoría de los altos cargos de cualquier gobierno razonable y sensato lo normal es que éstos a lo largo de su trayectoria hayan buscado las mejores fórmulas de proteger su patrimonio.

Pedro Duque es ministro en la picota sin que haya hecho nada ilegal, ni que se haya demostrado irregular, ni inmoral, a diferencia de la ministra Delgado que según parece ha hecho las tres cosas al actuar como lugarteniente del condenado por prevaricación Baltasar Garzón en una poderosa y duradera mafia judicial y policial los últimos años.

Lo de Duque viene por esa manía de la izquierda y del montón de hipócritas que a derecha, centro e izquierda se empeñan en decir que los ciudadanos (aunque siempre hablan de los otros, no de los que cada uno de ellos soporta) han de pagar cuantos más impuestos mejor. La cuestión con Duque no estriba en si paga más o menos sino si lo que hace es una opción permitida por la ley. Y lo es, por mucho que los siempre cambiantes y dudosos criterios interpretativos de la Agencia Tributaria generen la sospecha, y de entrada la condena social, sobre aquellos que buscan "optimizar" sus costes fiscales. Se hace equiparar esa búsqueda de formas eficientes con la evasión y se termina cayendo en el ridículo y en que los tribunales -después de largos plazos- dan la razón al contribuyente con mayor frecuencia que a la administración tributaria.

La cuestión es que con la promesa de Sánchez solo quedan dos opciones aceptables y una preferible. Las primeras la dimisión o destitución inmediata del ministro o por el contrario la retractación pública y formal de Sánchez sobre aquello que dijo en su momento. La preferible, disolución de las Cortes, convocatoria electoral y que cada uno pueda volver a prometer en limpio y desde cero aquello que considere.

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