Ya no solo de la democracia, sino del propio nacimiento del Estado, la razón fundamental es garantizar a todos los ciudadanos el derecho de defensa frente al poderoso, al más fuerte o al más violento.

También la defensa del individuo frente a las turbas que avasallan a quien se interpone entre la irracionalidad colectiva y el interés individual que compone el primero, troncal e indelegable derecho de la persona. En interés de esa defensa de la libertad individual y la protección de la esfera de privacidad y libre decisión de cada persona es inasumible que se permitan prácticas de ocupación del espacio público como la totalitaria infección de lazos amarillos en calles, plazas, parques y playas en Cataluña. Prácticas que en otros casos nunca se tolerarían.

Con independencia de la cuestión más visible, es decir cómo se puede permitir que a cara descubierta, con respaldo institucional sedicioso pero impune y en ciertos casos con escolta y protección policial, además de aplauso periodístico, Cataluña entera y sobre todo en los ámbitos más rurales y menos poblados, donde todo el mundo conoce a todo el mundo, esté invadida de un símbolo que denuncia que España no es democrática, que nuestro Estado no es de Derecho y que existen presos políticos a los que hay que garantizar inmunidad e indemnidad aunque incumplan las leyes que al resto sí nos obligan y a todos nos protegen.

Que en ese marco haya tantos, incomprensiblemente en el ámbito de la izquierda española, equiparando a quienes enmierdan calles y propiedades privadas con quienes retiran los lazos es síntoma de que casi todo está perdido y demostración de la necesidad de un giro radical respecto de la cuestión independentista.

No son catalanes contra españoles. Es que el Estado de Derecho español tiene la obligación de defender a sus nacionales en cualquier punto del territorio de la agresión, la coacción, el chantaje o la amenaza provengan de quien provengan, en este caso de otros españoles, por mucho que quieran dejar de serlo, en medio de esta orgía de fanatismo que se ha propiciado, amparado y protegido.

Los espacios públicos no son de la izquierda, como no lo son de los independentistas, por más que unos y otros lo pretendan sistemáticamente. Los espacios públicos son de todos los ciudadanos y por lo tanto cualquier invasión de la misma que exceda del derecho legal de manifestación es ilegítima y una agresión a la libertad del resto. Retirar lazos, carteles o pancartas colocados sin autorización es no solo un derecho de los ciudadanos que se sientan agredidos por ello sino una obligación que el Estado debería cumplir para que no tuvieran que hacerlo sus ciudadanos y contribuyentes.

Lograr la "normalización" no es evitar el enfrentamiento eliminando la reacción frente a la coacción independentista sino impedir la acción que ocupa, amenaza y agrede el libre y pacífico disfrute del espacio público.

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