La cifra es brutal. El escandaloso porcentaje representa el máximo histórico alcanzado nunca por un sector y se relaciona, en su mayor parte, con las hipotecas. Ya saben, con ese oscuro universo en el que, a veces, da la impresión de que todo vale.

Las "cláusulas suelo" o los "gastos de formalización", por citar alguna, son expresiones que suelen asociarse a situaciones definidas por la falta de transparencia o la desfachatez más absoluta. Quizás su carga peyorativa sea excesiva pero, en cualquier caso, a nadie debiera sorprender. Al fin y al cabo, el rechazo de la sociedad a este tipo de prácticas bancarias coincide con el de las autoridades monetarias europeas que las critican y con las sentencias de los Tribunales que las condenan.

Dentro del farragoso mundillo semántico propio del mercado hipotecario especial atención merece la que dicen "dación en pago". Una expresión austera. Enjuta, seria. Algo así como de gente con traje oscuro y corbata pero que, más allá de la pomposidad de su dicción, no es otra cosa que un acuerdo entre cliente y banco. Técnicamente, una alternativa a la ejecución hipotecaria mediante la cual se cancela la deuda a cambio del inmueble que garantiza el préstamo y que parecía llamada a representar un triunfo frente a la todopoderosa banca. Sucede que el legislador, obligado a tomar partido entre el deudor hipotecario y las entidades financieras, se posicionó de parte del más débil.

Al margen de oportunismos políticos o de otro tipo de cuestiones que, sin duda, tuvieron que ver en su aprobación, fue en su momento una decisión esperanzadora. Y digna de aplauso para muchos, pero habrá que estar atentos porque de poco valdrá la Ley si no se arbitran los mecanismos adecuados para que se cumpla el espíritu con el que nace. Sí, porque según un informe de ADICAE la "dación en pago" no está dando respuesta al problema hipotecario.

Resulta que las entidades financieras son libres de aceptarla o rechazarla. Ellas son las que deciden si, a cambio de la vivienda, liberan de sus obligaciones al hipotecado o lo condenan a seguir endeudado. Un privilegio difícil de entender porque no parece ético que decida el proceso un censor cuyo veredicto afecta a sus propios intereses. La capacidad de decisión es respetable pero, en este caso, su ejercicio por parte de los bancos siembra dudas sobre la imparcialidad del árbitro.

Que se están haciendo cosas en favor de quienes, por causas ajenas a su voluntad, no pueden hacer frente a la amortización de sus hipotecas es evidente. Y de justicia reconocerlo, sin embargo, en tanto el legislador asume el drama que se esconde tras un desahucio, va cobrando fuerza una certeza. Y es que, la efectividad de la "dación en pago" pasa por algo tan simple como quitar al banco su actual condición de juez y parte.

Así de fácil. Tan sencillo como eso.