Tras una primavera anómala en lluvias y temperaturas inusualmente bajas para la época del año, el verano parece asomar con el sol y termómetros al alza. Si hace justo un año la preocupación era la sequía extrema, de momento, esta ha dejado de ser peligro inminente, pero sobre el medioambiente de provincias como Zamora se extiende, una vez más, la amenaza de los incendios. Dentro de unas semanas, si el estío avanza con olas de calor como las de los últimos años, la proliferación de hierbas y maleza, consecuencia de la lluvia de los últimos meses, convertirá los bosques zamoranos en un polvorín, presto a desencadenar escenarios desgraciados como los vividos el verano pasado.
Esta misma semana la organización ecologista Greenpeace alertaba sobre la muy deficiente planificación preventiva de los territorios más afectados por el fuego que incluyen a Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y las provincias de León y Zamora, por este orden. Este triste ranking del Noroeste acapara más de la mitad de los fuegos que se producen anualmente en España. El estudio "Protege tu bosque, protege tu casa" hace hincapié no solo en el peligro forestal sino para las personas que habitan en los espacios forestales.
Greenpeace insiste en la obsolescencia del modelo actual de gestión de incendios basado en la extinción. "Se centra en las causas que originan el fuego, pero no en las que lo propagan". Y entre estos últimas cita los cambios demográficos que conllevan el abandono rural y el abandono de cultivos, que influyen decisivamente en la frecuencia e intensidad de los incendios. Estos factores han configurado un paisaje altamente inflamable que sufre las consecuencias del cambio climático, lo que unido a una planificación urbanística que no tiene en cuenta el riesgo de incendios forestales, con viviendas en mitad de montes y bosques que se consideran "indefendibles", transforma nuestros paisajes bucólicos en auténticas bombas de relojería
Cada año aumentan los casos en que las poblaciones se ven directamente amenazadas por el fuego. 2017 fue particularmente calamitoso para Zamora, que registró 8.742 incendios entre os meses de octubre y enero de 2018. En el conjunto de la región, solo León, con el desastre de La Cabrera, superó el número de siniestros, con una media superior a la de los últimos diez años. En Fermoselle, a consecuencia de un fuego en Los Arribes, Parque Natural, fue necesario evacuar la residencia de ancianos. Otro gran foco que afectó a Sayago, desde Bermillo a Pino de Alba, quemó 5.800 hectáreas, más del 50% de la superficie quemada en el total de la provincia. Un camping tuvo que ser desalojado.
Las cenizas junto a las viviendas, huertos arrasados, vecinos que tratan de impedir que los frentes avancen hacia los núcleos de población, redoblan la angustia y la impotencia de los habitantes, pese a los esfuerzos de todas las cuadrillas y medios involucrados en las tareas de extinción. Esa eficacia se tradujo en que casi 500 focos se quedaran en conatos que no fueron a más.
Dentro de Castilla y León, la provincia zamorana, junto a León, Ávila y Salamanca, suman el 76% de la superficie quemada y del 69% de la masa arbolada consumida por las llamas, en la mayoría de casos, de forma intencionada y por mano del hombre.
En 2009 la Junta de Castilla y León puso en marcha el denominado "Plan 42", destinado a prestar una mayor atención a los "puntos negros" de la provincia (cuyo número prestaba título al proyecto). Dicho Plan perdió fuelle a medida que avanzaba la crisis económica. Ahora, la Junta mantiene en tramitación el Plan Integrado de Prevención de Incendios Forestales de Castilla y León que, en definitiva, supone recuperar ese Plan 42. Ya en el enunciado de la norma, la Administración regional expone idénticas observaciones sobre una amenaza que se agrava por el cambio climático y la despoblación.
Y añade una variante en el preocupante panorama: la tendencia a la concentración de los daños en muy pocos incendios, extraordinariamente dañinos, que en condiciones meteorológicas extremas escapan a la capacidad de control de los medios de extinción. Son los grandes incendios forestales, denominados bajo el acrónimo GIF. Así, según los datos que maneja Medio Ambiente, el 3 por mil de los incendios es responsable del 54% de la superficie arbolada quemada.
Se requieren, por tanto, nuevas medidas que pretenden incorporarse al documento. Dado que el 94% de los incendios forestales, y la casi totalidad de los más dañinos, los GIF, tiene su origen en la acción humana, ya sea intencionadamente, por negligencias o de manera accidental, la Junta se muestra convencida de que existe un margen considerable para reducir el número y los daños de los incendios forestales, lo que ayudaría a disminuir su afección al medio natural y a las poblaciones y bienes así como a mejorar la efectividad de los medios del Operativo. Pero no será suficiente.
La aplicación del Plan 42 hasta que éste decayó con la reducción de presupuestos, con el establecimiento de prácticas como los desbroces, alumbró frutos que se han ido perdiendo a lo largo de estos años en los que las tareas se han vuelto a centrar en la extinción, con el consiguiente gasto y peligro añadido para las vías humanas.
Sobre el papel, la pretensión del nuevo proyecto es la idónea: entre otras medidas, se trata de promover la actividad económica en el territorio, dirigida a la población local para implantar una gestión forestal sostenible, que contribuya a mantener el entramado rural, frenando la despoblación mediante la movilización de los recursos forestales y la generación de empleo y actividad económica.
El proyecto incidirá de forma focalizada sobre los municipios con más número de incendios y con más afección de daños por los GIF y, una vez más, hará necesaria la coordinación con los agentes del territorio, es decir, con todos los colectivos y administraciones implicados, para el emprendimiento de acciones concretas que reduzcan el uso incontrolado del fuego. La teoría está escrita, pero, lamentablemente, los tiempos administrativos no son equiparables a los reales. La puesta en marcha del Plan 42 tiene que ser urgente y definitiva, sobre todo, si consideramos el Medioambiente como fuente de riqueza y generadora de recursos. No tiene sentido demorarlo más ni someterlo, en un futuro, a nuevos recortes que se traduzcan en daños irreparables.
