Un año más, miles de estudiantes de Castilla y León, entre ellos los recién graduados zamoranos en Bachillerato, se enfrentan a las pruebas de acceso a la Universidad, conocidas como EBAU. Y lo hacen en las mismas condiciones de desigualdad con respecto a los estudiantes de otras comunidades autónomas denunciadas en anteriores convocatorias. A pesar del trabajo desarrollado desde la plataforma creada por la asociación de padres nacida desde esta provincia, a pesar de los continuos esfuerzos por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, la reclamación de una prueba única para todo el estado sigue sin tomar cuerpo. El Ministerio de Educación dijo, hace muchos meses, ver con buenos ojos la propuesta, pero no se ha llegado a ningún acuerdo entre las distintas autonomías. Un pacto global para la Educación podría haber resuelto esta entre las muchas cuestiones pendientes de un pilar básico para la sociedad, pero la ostentosa falta de voluntad política se cobra de nuevo las mismas víctimas: los estudiantes y sus familias.

En el encuentro internacional de rectores celebrado la pasada semana en la Universidad de Salamanca, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, volvió a presumir, una vez más, del puesto que domina la comunidad en el informe PISA que mide los resultados académicos en cada territorio y en la que los alumnos castellanoleoneses destacan muy por encima de la media española. Pero esos magníficos resultados que hablan del talento en las aulas de la comunidad no se repiten después en el ámbito universitario. A pesar de la existencia de un distrito único a la hora de matricularse, en el acceso a los distintos grados lo que mandan son los baremos establecidos por cada comunidad autónoma a la hora de evaluar los exámenes de la EBAU. Y queda patente y demostrado que la exigencia en Castilla y León es notablemente superior a la de otras comunidades autónomas. La excelencia se castiga con pruebas de dificultad superior y, a pesar de que un alumno zamorano pueda tener mayor nivel de conocimiento que el de otra comunidad como Andalucía, Canarias o Extremadura, su nota será más baja. Se dificulta así el acceso a las universidades de su comunidad con lo que daremos inicio al éxodo de estudiantes que ya no podrán desarrollar ese talento como universitarios en su tierra.

Otra consecuencia es que se agravarán las desigualdades, puesto que las familias que no puedan pagar una universidad privada o el desplazamiento a otra comunidad, tendrán que renunciar a que sus hijos accedan a los Estudios Superiores. Con la situación actual, en definitiva, se está quebrando el principio de igualdad educativa que recoge la Constitución Española.

Mientras, en las aulas de las facultades, varios de los llegados con buena nota pero menor nivel por esa menor exigencia, acabarán abandonando las carreras que iniciaron. Así de crudo en un contexto aún menos halagüeño para la Universidad de Salamanca, a la que pertenece el campus zamorano. La Universidad más antigua de España y la tercera de todo el mundo, que celebra este año su 800 aniversario, no consigue colocarse en el ranking de las más prestigiosas. Necesita imperiosamente ese talento que exportamos gratuitamente y sin garantías de vuelta. Hace un año la alumna zamorana Beatriz Acevedo, premio extraordinario de Bachillerato, definía así el sistema de acceso a la Universidad en Castilla y León: "Totalmente injusto. He hecho exámenes de otras comunidades como Andalucía y Canarias y son más fáciles". De hecho, el pasado curso en la prueba de Historia el temario para el alumnado de esta región era el doble que en las demás. Este año se rebajó en un tercio casi a última hora por las presiones de padres y alumnos. El resto de la polémica continúa sin variaciones. Por supuesto, Beatriz Acevedo ya daba por hecho que su siguiente paso, tras la Universidad, sería acabar en otro país para poder desarrollarse como investigadora. "Es absurdo que el Gobierno invierta dinero en nuestra formación, pero después no potencien lo que tienen".

Los universitarios de esta comunidad no ven futuro ni tampoco presente. En el mes de marzo, más de 2.500 jóvenes acudieron a una manifestación en Valladolid reclamando una prueba única de EBAU para toda España. No pedían que se rebajara el nivel de exigencia en Castilla y León, simplemente que todos los aspirantes tuvieran las mismas oportunidades que les garantiza la Constitución. Reconocían ya, de entrada, que no sería factible garantizar ese derecho básico para ellos y apelaban para las siguientes convocatorias, para los de otros cursos, en vista de lo largo que lo fían las autoridades.

A menos de una semana para que se inicien las pruebas, el futuro de esos miles de estudiantes depende de la magnanimidad de los expertos profesores que elaboran el contenido de cada asignatura de 52 materias diferentes. El consejero de Educación, Fernando Rey, que esta misma semana recibía el respaldo de Murcia en su batalla por la EBAU única, apelaba "a la inteligencia de estos profesores para que tengan en cuenta la situación general de otras comunidades y realicen exámenes más ajustados", todo ello sin "rebajar el nivel de exigencia y cumpliendo las normas". Pese a tal buena voluntad, la triste conclusión es que el futuro de miles de familias se basa más en la suerte y la magnanimidad de los examinadores que en el talento demostrado por los examinandos en todo su expediente. Y todo ello porque se incumple de manera grave ese principio de igualdad que la Ley garantiza en la teoría. En la práctica son los políticos los que no terminan de resolver una cuestión tan determinante.