No pretendo relatar la terrible e inapelable sentencia y los hechos probados que se ha producido sobre el llamado caso Gürtell, porque está al alcance de todos los ciudadanos, dado que todos los medios de comunicación lo están difundiendo ampliamente por ser un veredicto y un reproche político y delictivo al Partido Popular, al Gobierno y a su presidente Mariano Rajoy, que según la Fiscalía y el Tribunal de la Audiencia Nacional, no merece credibilidad.

Sin entrar a analizar las condenas ni a los personajes incriminados, me referiré a las consecuencias políticas referidas al partido que se benefició de la trama organizada desde 1989 y que mantuvo una contabilidad B; por lo que es condenado como participe "a título lucrativo". Es decir que durante estos los años, y en todas las campañas electorales trascurridas desde entonces ha venido beneficiándose financieramente como si estuviera dopado, con la consiguiente desigual y condición que el resto de las formaciones políticas. Como consecuencia: no ha existido juego limpio.

Pero, además, según la sentencia, se creó en paralelo "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".

El cuadro delictivo que la sentencia determina es del siguiente tenor: asociación ilícita, fraude a la administración pública, cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, exenciones ilegales o estafa procesal?

Frente a esta gravísima situación y por razones de responsabilidad, el partido del Gobierno y su presidente, deberían adoptar alguna medida que condujera a: pedir perdón a los ciudadanos, devolver todos los caudales económicos sustraídos y tomar medidas para recuperar, en lo posible la normalidad política y social ante el daño causado al sistema democrático.

No solo no ha sido así, más bien, no piden perdón, ni se arrepienten (como buenos católicos), tampoco devuelven lo sustraído y, sobre todo no convocan a los españoles para una elecciones generales que permitan normalizar el actual estado de emergencia que atraviesa nuestro país, en un momento complicado por los problemas graves conocidos por la ciudadanía.

Los ciudadanos hemos seguido estos acontecimientos con enorme preocupación e inquietud, de manera que se ha convertido en el caldo de cultivo y conversación casi única, comprobando con perplejidad que quien tenía que asumir y adoptar las decisiones adecuadas, no las toma, al tiempo que ofende con improperios y desprecio a quienes si las toman, ofendiendo a la inteligencia. Por lo que invoco a Mario Benedetti: ¨de que se ríe señor Rajoy y Sr. Martínez".

Bien es verdad que el señor Rajoy no soporta la democracia, ni el Gobierno está en condiciones de devolver la confianza a los españoles, y menos de recuperar la credibilidad. Tambien es verdad que en estas condiciones su obligación institucional seria presentar la dimisión.

Ante esta peligrosa y reconocida situación política, pareciera necesario llamar a los ciudadanos a las urnas. Como se sabe el único que puede hacerlo es el Presidente del Gobierno, que por el contrario ha manifestado su voluntad de agotar la legislatura. Frente a esa situación no existe otra alternativa, de acuerdo con la Constitución (Art. 113), que promover la moción de censura.

Por cierto, la moción de censura no es un golpe de estado, sino un mecanismo constitucional que el PSOE y su Secretario General Pedro Sánchez, en una circunstancia grave y ante la ausencia de responsabilidad gubernamental ha presentado, legítimamente, como en su tiempo lo hiciera Felipe González, también en un trance complicado de la Transición Española.

Conociendo la difícil situación por la atraviesa España, ¿qué pensarían los ciudadanos si el Partido Socialista no hubiera tomado esta decisión de presentar una moción no solamente por motivos políticos, también éticos?