Hace una semana se producía el encuentro de zamoranos en la diáspora organizado por el colectivo Zamora 10. El objeto de tal reunión consistía en que los empresarios y profesionales de primera línea, conocedores de las claves futuras del desarrollo socioeconómico del país, aportaran su punto de vista y así, entre todos, poder extraer conclusiones con las que abordar el inmenso desafío al que se enfrenta la provincia de Zamora con una despoblación galopante y sin revulsivos concretos a corto o medio plazo.

La cuestión era, pues, no solo hablar y exponer proyectos y potenciales, sino escuchar, algo muy necesario. Incluso si lo escuchado son verdades que, en el fondo todos conocemos, pero que deben exponerse en alto y sin ambages, en un foro al que asistieron también representantes de las administraciones local, provincial y regional. El clamor contra el exceso de burocracia que convierte en una misión imposible la creación de empresas en Zamora y, por añadidura, en Castilla y León, fue generalizado. "Desesperante" fue el adjetivo más repetido.

Para ilustrar esa desesperación sirve una anécdota que relató, perpleja, una zamorana investigadora en la Universidad del País Vasco, acostumbrada a otra cultura administrativa y empresarial. "Hace unos días, de visita en Zamora acudí a uno de los pocos establecimientos que se dedican a las bicicletas por una avería que tenía en la mía. El propietario me dijo que cerraba por jubilación y me extrañó, puesto que se trata de un deporte en auge, que no hubiera nadie dispuesto a sucederle en el negocio. La respuesta fue que prefería el cierre definitivo antes de pensar en el papeleo que representa el traspaso". La pérdida irreparable que representan decisiones como la del propietario de la tienda de las bicicletas fue ratificada por otros empresarios, algunos de ellos al frente de factorías con sedes por varias ciudades españolas y cientos de empleados, ninguna de ellas en Castilla y León que, pese a todo, persisten en su amor a la tierra con proyectos que duermen el sueño de los justos en ese insoportable laberinto burocrático. Hasta la científica Rosario Heras, pionera en la investigación de energías renovables y que trabaja en proyectos de instituciones públicas, se levantó para rogar a las administraciones que "dejaran de poner pegas" a los proyectos. De ese calibre es el problema que afrontan los empresarios zamoranos. Departamentos municipales en los que se eternizan los expedientes mientras los inversores, muchos de ellos jugándose su presente económico en el proyecto, claman por retrasos de meses y hasta de años.

La patronal castellanoleonesa denunciaba esta misma semana que, solo en el primer trimestre de este año, 80 empresas de la región han trasladado el domicilio social a la comunidad de Madrid. En 2016 lo hicieron 216 y doce meses más tarde sumaron 240. La tendencia ascendente continuará este año, en el que estiman que serán 300 las firmas deslocalizadas. Es cierto que ese traslado de domicilio social no tiene por que afectar a la producción, pero es otro pésimo síntoma que se agrava hasta el extremo en provincias en las que la actividad industrial es mínima, como el caso de Zamora.

La razón de los traslados, sobre todo, tienen origen fiscal, según los empresarios. En Castilla y León existe una triple imposición: Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que, por ejemplo, en Madrid, no existen.

Ese Madrid convertido en meca de los zamoranos reunidos hace una semana y que camina con paso de gigante en la creación de empleo beneficiada, además, por el traslado de las firmas que han huido de la incertidumbre de la Cataluña embebida en el procés. Soñar con la vuelta de esos zamoranos más allá de la visita de rigor por Semana Santa o en el verano, los fines de semana como mucho gracias a la cercanía que otorga el AVE parece, por ahora, una quimera. Casi la misma que pensar en los puestos de trabajo necesarios para frenar la emigración a los polos de desarrollo tradicionales, como es el caso de la capital madrileña. Queda por explorar, si es posible, que Zamora se transforme en una especie de ciudad dormitorio a 55 minutos en tren que ofrezca calidad de vida y precios asequibles en vivienda y servicios. Pero ese tipo de movilidad los madrileños la circunscriben, de momento, al cinturón de su propia comunidad y ampliarla a distancias más largas, aunque accesibles en el tiempo cronológico, requeriría esfuerzo e incluso un cambio cultural.

La creación de empleo, la base para frenar la despoblación que nos lleva camino de reducir hoy día a la mitad los habitantes que tenía la provincia en la década de los 50, requiere de un contexto atractivo basado en la agilización de licencias, más la fiscalidad y la facilidad de comunicaciones. Se entiende esta última no ya como la vía convencional de tren o carretera sino de las autopistas de la comunicación, esa digitalización pendiente, objeto de promesas y ausente, aún, de realidades.

Expuestas las potencialidades de la provincia, demostrada la existencia de talento, el atractivo inversor será nulo si falla el enunciado anterior. Y lo hace de forma estrepitosa como demuestran los ejemplos descritos líneas más arriba: burocracia, lentitud "desesperante" en la otorgación de licencias para el inicio de la actividad, falta de atractivos fiscales... De nada sirven los "mea culpa" entonados por representantes institucionales en la misma cita si nada se hace para corregir una maquinaria burocrática de peso insoportable y sin coordinación alguna entre las distintas administraciones. No hace falta inventar nada, bastaría con copiar modelos de agilidad que han demostrado su validez a la hora de generar prosperidad como los mencionados País Vasco y Madrid.

Eso sí está en manos de las administraciones, una base para comenzar a cambiar la realidad actual, lo mismo que tienen el poder para conseguir la digitalización de la provincia. No basta con promesas como las realizadas en el mes de abril por el presidente Rajoy. Necesitamos realidades inmediatas porque es mucho lo que hay en juego. No vale decir que las operadoras huyen por falta de rentabilidad. El acceso a Internet es un servicio básico. Así lo dicta la Unión Europea. Es de suponer que tampoco en su día llevar la luz al último rincón de la provincia resultó una inversión rentable para las compañías eléctricas. Debe de atenderse de inmediato una necesidad que existe en media provincia, donde hasta las empresas de facturación importante ubicadas en el medio rural tienen inmensas dificultades por falta de una herramienta indispensable para llegar a los mercados internacionales.

Pero la desgraciada realidad es que seguimos anclados no solo en un modelo económico que ha dejado de existir, sino que nos permitimos lujos como la dispersión de recursos que ocasiona la falta de unidad de sectores clave. Vivimos, además, dentro de una organización territorial que responde a un modelo socioeconómico ya fenecido. La consecuencia ya la sabemos: la pérdida constante de actividad y, consiguientemente, de las personas, del capital humano y con él, la del talento de las generaciones mejor formadas de la historia en Zamora.

Otras provincias se encuentran en situaciones parecidas, desde Soria a Teruel. Hasta en salir del hoyo tenemos competencia, no podemos perder más tiempo. El reto es, ahora, una vez escuchadas todas las voces, poner en práctica las lecciones extraídas, que son muchas y no todas imposibles de aplicar.