La Comisión Europea acaba de confirmar lo que los gobiernos comunitarios ya daban por hecho desde que Reino Unido aprobó el "brexit", que los Presupuestos de la UE para el periodo 2020-2027 van a sufrir un recorte. La CE aclaró el miércoles pasado que la reducción será de un 5% en las partidas destinadas a agricultura y de un 7% en los Fondos de Cohesión. El anuncio tampoco ha sorprendido a las organizaciones profesionales agrarias, que eran conscientes de que las cuentas de la PAC iban a adelgazar. Una vez conocida la cuantía de la rebaja, que es menor de la que se barajaba, los sindicatos ya han pedido un "esfuerzo" a los estados miembros para que aporten de sus presupuestos individuales ese 5% que recorta la Comisión Europea y evitar la pérdida de renta en el sector.

La Política Agraria Común echó a andar en los años cincuenta sustentada en una filosofía global integradora. Es el programa comunitario que más presupuesto consume -más del 30% del total de la UE-. Nació para garantizar el abastecimiento de alimentos en Europa y evitar desequilibrios entre producciones, reduciendo gastos en almacenamiento. En la actualidad se ha convertido en el instrumento más efectivo para controlar los precios que perciben agricultores y ganaderos y también los que pagan los consumidores por los alimentos transformados.

Las ayudas de la PAC suponen más del 30% de la renta agraria (en el caso del campo zamorano la proporción se eleva por encima del 40%) y resultan imprescindibles para mantener a agricultores y ganaderos y el ámbito rural. No son limosnas para evitar que el sector agropecuario desaparezca, son pagos compensatorios que actúan como elemento regulador de las cotizaciones de productos básicos y de las que abona el consumidor por la cesta de la compra. Sin este mecanismo, la actividad agraria en la actualidad sería inviable por falta de rentabilidad debido a unas cotizaciones en origen por debajo de costes en muchos casos.

En Zamora se benefician de las ayudas comunitarias unos 13.000 titulares de derechos, con unas percepciones anuales que se acercan a los cien millones de euros. Existe un mercado de derechos que supone una fuente de ingresos considerable. Las explotaciones que no tienen opción a cobrar las subvenciones europeas han perdido valor y son prácticamente inviables en la actualidad por el incremento de los costes de producción.

Las cifras apuntadas dan idea de que la PAC resulta imprescindible para el campo español en general -más aún en el caso del zamorano- y que un recorte en los presupuestos supondría un daño irreparable para la renta del sector, muy ajustada, como lo demuestra la pérdida permanente de activos y la escasez de jóvenes y mujeres en la actividad. La disminución de las cuentas de la UE debe ser asumida por el Gobierno Español con fondos propios y cumplir el compromiso adquirido antes de conocerse la cuantía de los recortes comunitarios.

La Comisión Europea ya ha adelantado también que va a incluir en la PAC pagos "regresivos" dependiendo del tamaño de las explotaciones, con la intención de ofrecer un mayor apoyo a los productores que viven exclusivamente de la agricultura, una reivindicación "histórica" de las organizaciones profesionales españolas. Aún no se conoce como se va a concretar este nuevo reparto ni tampoco la anunciada reserva de crisis, que se va a crear ante acontecimientos inesperados que perjudiquen al sector primario. Lo que ya se conoce es que se mantendrá la relación entre pagos directos y los objetivos medioambientales, conocidos bajo el nombre de "greening".

Las directrices de la nueva PAC, que se aplicará a partir de 2020, empiezan a asomar, aunque todavía quedan muchas incógnitas por resolver. Entre ellas la del rumbo que tomará Norteamérica en asuntos comerciales con la aplicación de la política proteccionista de Trump o la de la influencia en Europa de las formaciones antieuropeístas.

La Política Agraria Común necesita incorporar reformas importantes. Tiene que convertirse en el mecanismo que proteja las cotizaciones en origen y normalice de forma efectiva las relaciones entre productores, comercializadores y distribuidores. La PAC sigue sin aprobar la asignatura de la despoblación. Los más de 4.000 millones al año que deja en España no han servido para frenar la caída de los censos en las regiones de interior, precisamente la que más fondos comunitarios perciben. Tampoco ha impulsado de forma adecuada la profesionalización del campo porque no ha centrado las subvenciones en los profesionales del sector; ni ha conseguido el relevo generacional ni estimular la presencia de la mujer en el sector. Sí está aplicando medidas concretas contra el cambio climático y tiene que arbitrar mecanismos contra las alertas sanitarias producidas por el consumo alimentario.

Las organizaciones profesionales agrarias tienen ahora un camino por recorrer para lograr implicar al Gobierno español y evitar que los recortes se produzcan. Tienen en la Junta de Castilla y León el mejor aliado y en la Mesa del Diálogo Social, un gran apoyo. A toda la sociedad le interesa que el campo no pierda efectivos ni renta. Menos en provincias como Zamora, con una economía totalmente dependiente del sector primario.