Miles de manifestantes en las calles, un millón firmando escritos reivindicativos, varios millones indignados. Esa es, más o menos, la radiografía del momento. Una sentencia de un tribunal de justicia español ha tenido la culpa de ello. Nueve años de prisión a cinco acusados por haber abusado de una joven. Cinco individuos han provocado este movimiento social. En el aire predomina la convicción de que no ha sido solo un abuso, sino que se ha tratado de una violación.
Hasta ahí todo normal. Que haya mucha gente que no esté de acuerdo con esa sentencia, o con otra, forma parte de la reacción humana ante delitos de tal naturaleza ¿Pero es que alguien puede está seguro que los hechos se produjeron exactamente como dice la acusación, o quizás cabría la posibilidad que se hubieran desarrollado de otra manera? ¿Alguien lo vio para poder acreditarlo? Pero eso no es óbice para que mucha gente exija la expulsión del cuerpo al menos a uno de los tres jueces firmantes de la sentencia, al considerar que ha prevaricado.
Los jueces deben atenerse a los hechos, a las pruebas y a lo que dicen las leyes, en este caso el Código Penal, y en base a ello pronunciarse, aunque en algunos casos pueda repugnarles tener que hacerlo de determinada manera, pero no pueden olvidar que aunque algunas leyes no les parezcan lo suficientemente justas forman parte de la legalidad, y a ella deben atenerse, porque si no estarían promocionando una forma de vida similar a la del viejo oeste americano.
Es difícil llegar a creer que haya algún juez que le guste dejar en libertad a un narcotraficante o a un terrorista, pero si se da la circunstancia que no ha podido reunir pruebas concluyentes, tendrá que quedarse con las ganas de enviarlo a chirona. Renombrados delincuentes hemos visto como han salido de rositas en nuestro país y, desafortunadamente, seguiremos viendo más casos. Y es que si hubiera algún juez tentado de dejarse llevar por lo que le pide el cuerpo, en determinadas situaciones, correría el riesgo de acabar con su carrera, porque el delito de prevaricar es el más grave que podría haber cometido.
Por ello, toda esa gente indignada con la sentencia de La Manada quizás debía plantearse si no seria más adecuado dirigir sus iras hacia los partidos políticos que son los que tienen en sus manos la posibilidad de elaborar leyes que permitan a los jueces actuar de otra manera, a no tener que ser tan garantistas, a no estar tentados de actuar, en alguna medida, de manera benévola con determinados delincuentes. Pero ahí tienen ustedes a determinados partidos que se están quejando amargamente de la sentencia del caso de La Manada, cuando hace solo unas semanas se oponían contundentemente a mantener la Ley de la Prisión Permanente Revisable, por considerar que era demasiado innecesaria, ya que, según ellos, el endureciendo de las penas no ayuda a reducir los delitos.
¿Qué resulta más indignante, violar a una joven o raptar y asesinar a un menor? Ambos delitos son repugnantes y execrables. Valorarlos de una u otra manera, desafortunadamente, parece que depende de por donde sople el viento, porque es difícil de entender que 20 años de prisión sea condena suficiente para el asesino de un menor, y 9 años de cárcel muy poco para el delito que ahora ocupa los titulares de todos los medios. Muy poca gente sería capaz de hacer una valoración ecuánime, utilizando solo la cabeza, porque ambos delitos responden a los más bajos instintos del género humano y, por tanto, inciden demasiado en el corazón. Para eso están los diputados y sus asesores, para apretar las tuercas cuando procede, dejándose de zarandajas, sobre si se debe legislar en frío o en caliente.
Si no se está de acuerdo con el contenido de alguna ley, hágase lo posible por cambiarla, pero dirigiendo el tiro hacia quien proceda, porque hacer uso de la manipulación para arrimar el ascua al fuego de los votos no parece una postura muy encomiable.
Los partidos políticos pretenden hacernos olvidar que las leyes las emiten ellos en el Parlamento, pero los demás debemos recordarles que eso no es así, que si alguna no fuera justa, o se encontrara incompleta, o no respondiera a las necesidades e intereses de la sociedad, serían ellos quienes estarían obligados a modificarlas.
Pero todo sirve para hacer ruido y poner a parir a los demás, y además, en este momento, hablar de "La Manada" hace que pase desapercibido el olor a inmundicia de determinados escándalos de corrupción e incluso olvidar la inaguantable inoperancia política frente a los movimientos separatistas.
