Para buscar una solución al conflicto en Cataluña, sería lógico hacer un diagnóstico correcto del mismo. En ese sentido, y a raíz de los acontecimientos entre agosto y diciembre (atentado de la Rambla, jornadas parlamentarias de septiembre, referéndum del 1 de octubre, declaración de independencia y aplicación del artículo 155 de la Constitución, encarcelamiento de líderes secesionistas y elecciones del 21D), un factor a tener en cuenta es que se han consolidado dos percepciones antagónicas de los mismos hechos.
Para la opinión pública independentista (47,5% del voto), hubo: desprestigio de los Mossos, filibusterismo parlamentario constitucionalista, represión policial contra votantes el día del referéndum, intervención ilegal de la autonomía y encarcelamiento injusto de líderes secesionistas y elecciones ilegítimas, con un resultado que permite restaurar al expresidente Puigdemont.
Para la opinión pública constitucionalista (43,5% del voto en Cataluña y mayoritario en España, aunque con un PSC partidario de "tender puentes"): se menospreció al Rey, en la manifestación posterior a los atentados, y se hizo oídos sordos a los avisos previos; se violaron los derechos de los parlamentarios constitucionalistas, en el debate de septiembre; se celebró un referéndum ilegal, por lo que fue necesaria la intervención policial para impedirlo; se aplicó correctamente la Constitución, para evitar la deriva de un Govern golpista y los que están en la cárcel son políticos presos por supuestos delitos (no presos políticos, como defiende el independentismo).
La pregunta a hacerse es: ¿se puede encontrar algún terreno común para facilitar la cohesión, en dicha comunidad? La respuesta, a medio plazo, es negativa. Pese a que a ninguna de las dos partes tiene fuerza suficiente para imponer su relato. Continuará.
