Se le cambia el nombre y asunto concluido. A esa conclusión es a la que ha llegado ese partido que hasta hace poco se llamaba "PDECat", y que ahora tiene el nombre de "Junts per Catalunya", tras haber pasado por "Junts per Sí", "Democracia i Llibertat" y "CDC", en estos tres últimos años, pero que, al fin y a la postre, no es otra cosa que CiU (Convergencia i Unio) ese que ha sido condenado a devolver unos cuantos millones de euros afanados mientras mandaban en Cataluña. El mismo que ha visto como algunos de sus más destacados dirigentes se encuentran en la cárcel o camino de ella, acusados de saqueo. El mismo que tuvo como presidente al padre de una honorable familia de apellido Puyol, que, presuntamente, amasó una fortuna, nadando entre chanchullos, evasiones de impuestos y otros descuidos de los que se ocupa el Código Penal.

Se le cambia el nombre y asunto concluido, porque de esa manera, se deja de ser la casa común de aquellos apropiadores, para, bajo otras siglas, aparentar ser un circulo honorable. A pesar de tener embargadas sus sedes, son tan atrevidos que presumen de querubines, diciendo que han pagado políticamente por ello, sin caer en la cuenta que aún no han cumplido con una de las máximas que siempre han defendido los catalanes, la de "la pela es la pela".

Y es que vivimos en un mundo de ficción donde no cabe la sensatez, aunque sí la cara dura de los partidos políticos. De manera que a nadie le sorprendería ver algún día a otros partidos cambiando de siglas, como podría ser el partido del gobierno, para mostrar que son tan honorables y honestos como el que más. Porque lo del cobro de comisiones, lo de la Gürtel, lo del expolio del Canal de Isabel II, lo de las campañas electorales organizadas por "el bigotes" y compañía, con dinero de vaya usted a saber quién, son anécdotas del pasado, presuntamente cometidas por individuos que ya no mangonean en el partido. Y sin más reflexiones, ni asomo de mínima autocrítica, tratarán de explicar que han sido perjudicados por el choricismo valenciano, tanto como las propias fallas, esas que se queman todos los años.

Mientras, el montón de millones de euros esquilmados al erario público continúan sin devolverse, y muchos de sus responsables libres como los pájaros de Valorio. Los que más mandan dicen que no pueden controlarlo todo, ni tampoco enterarse de lo que hacen sus primeros espadas, hayan sido estos vicepresidentes del gobierno, ministros, presidentes de comunidad, alcaldes u otros siniestros personajes, quienes, presuntamente, hayan podido meter la mano en el cajón. Tampoco nada tienen que decir de esos otros que reparten su tiempo entre los tribunales de justicia y los consejos de administración de poderosas empresas. Ante tal disparate cabría hacer una ingenua pregunta ¿El diabólico virus de la corrupción que afecta a un número determinado de políticos ha sido contagiado a los partidos, o viceversa?

¿Cómo es posible que hayan pasado desapercibidas tropelías de tamaña envergadura, cuando está demostrado que son capaces de detectar irregularidades de poca monta? Mismamente, a nivel local, baste recordar aquella supuesta infracción, tasada en quince mil euros, relacionada con el derribo de un mini local, ocupado por un zamorano, ya jubilado, en el que había pasado gran parte de su vida reparando bicicletas. Y es que, dentro del plan de liberar de edificios las murallas de Zamora, en el que el ayuntamiento va derribando fincas, e indemnizando o expropiando a sus ocupantes, en un momento determinado, le tocó el turno a ese pequeño local de poco más de diez metros cuadrados. Tan grave se presuponía la infracción, que el principal partido de la oposición llevó el caso a los tribunales de justicia, pero el veredicto no debió colmar sus expectativas, sino más bien todo lo contrario, porque en un juicio las descalificaciones no son capaces de suplir a los argumentos.

No deja de sorprender que esa sagacidad para detectar presuntos delitos o irregularidades, por importe de unos pocos euros, no hubiera sido aplicada en su día, cuando esos mismos demandantes firmaron aquel contrato con una empresa, cuyo presidente resultó estar implicado en el caso Gürtel, y a consecuencia del cual los zamoranos tuvieron que apoquinar la friolera de cinco millones de euros, para anularlo, ya que era ruinoso para la ciudad. Y es que sigue en vigor aquello de ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

La explicación a tales correrías continuará siendo un misterio, porque por mucho que los tribunales de justicia traten de restañar el buen funcionamiento democrático, y sigan enchironando a algunos manilargos, ninguno será capaz de reconocer sus culpas. Todo lo más harán lo posible por estar cerca del botafumeiro, mientras se plantean si cambiar o no de nombre al partido.