Todo compartimiento humano tiene, o debiera tener como objetivo la satisfacción de las necesidades, de las demandas, de los deseos, etc., de nuestros semejantes; es decir, lograr el máximo bienestar posible, lo que posibilita la felicidad, que es lo que todos pretendemos. Por ello, cada uno desde su puesto de trabajo, en el cumplimiento de las obligaciones voluntariamente asumidas en los ámbitos familia; pues nadie está obligado a formar una familia y tener hijos y, más si cabe si no hay la madurez, el respeto, la sinceridad y consideración recíprocas, el sentido de la responsabilidad, la conciencia de los deberes y sacrificios que implica, las posibilidades económicas necesarias para financiar con dignidad los infinitos gastos de todo tipo que conlleva, etc., que supone, o debiera suponer; como la participación no obligatoria en cualesquiera otras organizaciones, etc.
Pues todo lo anterior es más problemático, más difícil, más comprometido, más arriesgado, etc., si de emprender un negocio, consolidar una empresa, ampliar una actividad económica, se trata; pues las personas implicadas por la correspondiente actividad laboral, los ahorros comprometidos de los empresarios, los créditos facilitados por la banca, las subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas y, además, el comprometer la existencia y futuro de los proveedores; y la riqueza que crea para todos, de forma directa o indirecta; permitirá, todo ello, hacer "una tarta mayor"; que distribuida según la aportación de todos y, especialmente, los conocimientos, los esfuerzos, las sugerencias de mejoras, etc. Y tengamos también presente que la actividad empresarial está sometida al pago de tributos, lo que permite que los ayuntamientos, la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma, la Administración General del Estado, tengan los oportunos ingresos con los que financiar partidas presupuestarias con los que hacer frente a los gastos públicos de sanidad, educación, obras y servicios, lo que facilita la vida a la ciudadanía y su mejora del nivel de vida; además de creación de empleo.
El Derecho, como ciencia social que es, tiene que regular la actividad económica-empresarial; de forma y manera, que previa comprensión de la misma, la encauce, la estimule, le facilite la correspondiente tramitación administrativa, la ayude, reduciendo al mínimo "el papeleo", y al ser posible a través de una "ventanilla única".
Todo lo que implique favorecer la creación de empresas será poco para atender a la demanda, para crear puestos de trabajo, para generar empresas proveedoras, competidoras, para ingresar en las correspondientes Haciendas Púbicas, etc.
Y por supuesto, los políticos y empleados públicos, tengan presente en sus respectivas resoluciones, acuerdos, propuestas e informes, lo previsto en las leyes 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 40/2015,de Régimen Jurídico de Sector Público o la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, entre otras; con la pretensión de "garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y las empresas"; "en el sentido de facilitar el impulso empresarial, simplificar los procedimientos a través de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administración", que "en el convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes, ágiles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas"; inclusión "de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato. También se da satisfacción aquí a la necesidad de simplificación de los trámites y con ello, de imponer una menor burocracia para los licitadores y mejor acceso para las PYMES". Para bien de todos.
Sancho de Moncada
