El traslado desde Lleida de las piezas de arte pertenecientes al monasterio de Sijena, en Aragón, ha vuelto a poner en primera línea de fuego los fondos documentales del Archivo de la Guerra Civil con sede en Salamanca, que fueron devueltos a Cataluña tras un error de identificación por parte de la comisión mixta Gobierno-Generalitat. Esos documentos no forman parte de los archivos institucionales de las administraciones catalanas y, por tanto, son de titularidad estatal, salvo los expresamente reclamados por los particulares, según establecen las distintas sentencias judiciales.

Es cierto que la situación derivada de este proceso lleva a cualquier ciudadano de Castilla y León a exigir el mismo trato que acaba de producirse con la devolución de las obras de arte a Sijena, pero también lo es que el amparo jurídico dista mucho un caso de otro. Mientras en el del monasterio aragonés hay sentencia judicial que ratifica la salida de esas piezas de arte de Cataluña, en el de los llamados papeles del Archivo de Salamanca no hay aún dictamen jurídico que avale el regreso de aquellos documentos no reclamados por los particulares y que, como queda acreditado, tampoco son de propiedad institucional de esa Comunidad Autónoma.

Y si desde aquí hemos insistido en el cumplimiento estricto de la ley y en el rechazo frontal del uso partidista y político de la cultura y el patrimonio, toca en buena lógica esperar a que concluya el procedimiento judicial abierto y que el juez emita la resolución correspondiente. Por ello, y aunque, obviamente, ambos casos presentan determinados paralelismos, sería un error mezclarlos, porque hay una clara diferencia: la existencia de resolución judicial en un caso y en otro todavía no.

Más discutible es, en cambio, la oportunidad política de lo sucedido con la devolución de las obras al monasterio de Sijena, en medio de una trascendental campaña electoral en Cataluña y con la consiguiente munición para alimentar el tradicional victimismo de los partidos separatistas.