Por una financiación autonómica que garantice la igualdad entre los españoles

Desmentida la falacia de las "balanzas fiscales" y demostrado que los desequilibrios los marcan la concentración de ricos y pobres en cada uno de los territorios, los presidentes dan un paso adelante en la reclamación de un trato equitativo que impida incumplir la base de la propia Constitución, la del principio de igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de dónde hayan nacido o cual sea su lugar de residencia.

Como bien señalaba el presidente Herrera el pasado mes de noviembre, acontecimientos como la crisis soberanista catalana o las negociaciones sobre el cupo vasco han dejado atrás las conclusiones del grupo de expertos que la misma comisión elaboró meses atrás, después de una reunión a la que no asistieron los representantes de Cataluña y Euskadi.

Ese informe al que hacía referencia el mandatario castellanoleonés reconocía la legitimidad del concierto del País Vasco, amparado por la propia Constitución, pero advertía, al mismo tiempo, que los regímenes especiales deben ser trasparentes, desarrollados por ley y no llevados a cabo bajo acuerdos bilaterales de difícil acceso. La aprobación, finalmente, del Cupo Vasco en el Congreso de los Diputados ha elevado la preocupación de los territorios cuyos habitantes han visto ya cómo hasta ahora la consecuencia de este tipo de acuerdos, que ahora se pretenden extender, había ahondado las diferencias entre los ciudadanos del País Vasco, donde se concentra mayor número de fortunas y por tanto se recauda más, y el resto de España. Las apuestas sobre la aplicación de fórmulas similares para acallar el vocerío independentista catalán coloca en el filo de la navaja ese sistema que debería diseñarse para reequilibrar territorios y no para ahondar la brecha existente.

De los tres presidentes reunidos en Oviedo, solo dos, el gallego Núñez Feijóo y el castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, comparten representación de partido, el mismo del Gobierno central, el PP de Mariano Rajoy que necesita el apoyo del PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018. El asturiano, Javier Fernández, pertenece al PSOE, principal grupo de la oposición que tampoco parece estar por la labor de apoyar unos presupuestos sin los cuales los recursos que deben destinarse a los ciudadanos, cuya mejora parecía patente en las negociaciones previas, se quedan en papel mojado. Una situación extraordinariamente compleja que necesitaría altura de miras y sentido político de atención al ciudadano, más que de partido. Eso es lo que está por ver.

De momento, la alianza tripartita salida de Asturias ha marcado una hoja de ruta en la que se pretende una financiación autonómica sin privilegios ni quitas para aquellas comunidades que no se apretaron el cinturón durante la crisis. No es el caso, precisamente de Castilla y León que, pese a cumplir objetivos, obtiene del actual sistema de financiación recursos claramente insuficientes para atender tres de las grandes competencias transferidas: sanidad, educación y servicios sociales.

Es evidente que en esa factura pesa notoriamente el mapa demográfico que sitúa a la comunidad castellanoleonesa entre las más envejecidas y las más despobladas. Atender esa necesidad es otra de las reivindicaciones de la cumbre, ya expresadas con anterioridad por otros miembros del Gobierno de la comunidad. Parece justo, a la luz de los datos y del necesario principio de igualdad, que ese nuevo modelo de financiación recoja necesidades de gasto basadas en la realidad. Baste solo un ejemplo en lo que se refiere a la dependencia, a la que las Consejerías implicadas destinaron 534 millones de euros de los que solo 104 fueron aportados por el Estado. Otro ejemplo claro es la sanidad, para la que se reclama más recursos destinados a los mayores de 85 años, un segmento de población con peso específico cada vez mayor en una sociedad marcada por el aumento de la longevidad. Recursos para una generación que, por otra parte, corresponde a la de los fundadores de esa caja común de la Seguridad Socia, hoy cada vez más exigüa.

En esa batalla demográfica, otro de los pilares de la hoja de ruta marcada en Oviedo, se pretende también la implicación de la Unión Europea, a quien los responsables autonómicos han pedido aportación económica para empezar a cumplir lo que emana de la propia filosofía comunitaria en relación a igualdad de oportunidades entre ámbito rural y urbano, además de facilitar asentamiento de jóvenes y promover el envejecimiento activo.

El movimiento a tres de Castilla y León, Asturias y Galicia parece temer, en definitiva, una España a distintas velocidades que podría ser el resultado de una financiación en la que se mantengan privilegios por una interpretación netamente partidista. Los paganos finales, como siempre, serían unos ciudadanos que ya soportan el desequilibrio derivado del sistema actual que es necesario reformar y corregir para garantizar por igual el futuro de todos los territorios.