El día 27 de noviembre de 2017 ha tenido lugar en Madrid una huelga general de taxis que duró 24 horas justas (o injustas). El caos que se ha preparado sólo lo sabe quien haya tenido la ocurrencia de tomar ese día un autobús. Personalmente se me ocurrió utilizar el 27 para ir a MUFACE, frente a los Nuevos Ministerios. La subida hacia la Plaza de Castilla nos costó una hora. Siguió el autobús la ruta acostumbrada, que le lleva media hora otros días; el día 27 de Noviembre le llevó una hora completa. La bajada duró un cuarto de hora más: para evitar los atascos que se produjeron, al subir, en el Paseo del Prado, el autobús, desde Cibeles, subió a la Puerta de Alcalá, para tomar la calle de Alfonso XII rumbo a la glorieta de Atocha. Además del pretendido desvío, los semáforos y los atascos que ocasiona una calle más estrecha con circulación regular, retardaron más la duración del trayecto y se produjo el aumento de un cuarto de hora, retraso considerable en el trayecto de autobús entre Cibeles y la Glorieta de Atocha.
En una ciudad como Madrid, tan congestionada a diario, supone un escándalo una huelga general (de taxis, en este caso; pero, otras veces, de Educación, Sanidad, o cualquier otro servicio dedicado a la población en general). Si analizamos las causas de una huelga de taxis, como la del día 27 de Noviembre, encontramos, sin profundizar demasiado, los siguientes: El Gobierno de la ciudad, los automóviles que suplantan a los taxistas y los ciudadanos en general. Encontramos un Gobierno Municipal excesivamente permisivo, -con los taxistas, en este caso, con otros funcionarios en otras ocasiones-, con los dueños de los automóviles sustitutos y con los ciudadanos que dejan a un lado a quienes han pagado puntualmente los impuestos, por sus permisos legales (que son los taxistas), para ahorrarse algún miserable euro que, por otra parte, sería un impuesto a favor del Ayuntamiento, en primer lugar, y de todos los ciudadanos contribuyentes en general. Es notable el egoísmo de las personas que, teniendo un automóvil apto para llevar viajeros, en lugar de contribuir como hacen otros beneficiarios de la industria, se ahorran esa contribución y, mediante un abaratamiento del importe, roban viajeros a los contribuyentes legales que son los taxistas, posesores de unas costosas licencias. Finalmente, ya se ha apuntado en qué causan la huelga los ciudadanos que toman los vehículos sin licencia oficial, perjudicando a los taxistas.
Naturalmente, cuando se trata de señalar culpables responsables, no haremos mucho hincapié en los propietarios de automóviles, sin licencia, que se dedican al transporte de viajeros. Es una forma, como otra cualquiera, de buscar la renta del propio capital, en este caso su automóvil. Tampoco vamos a buscar la responsabilidad de los ciudadanos particulares que procuran evitar algo de sus gastos de transporte. Tenemos que culpar, con toda la fuerza de lo razonable, al Gobierno Municipal que, en esto como en otras cuestiones muy influyentes en la vida de la ciudad, permite el caos que esos días se forman -en el tráfico callejero de la ciudad; en las huelgas excesivas del Metro, y en otros servicios generales- por la comodidad que proporciona no enfrentarse a delincuentes declarados o causantes, sin llegar a delinquir, de graves perjuicios a un número considerable de ciudadanos madrileños, en este caso, o de cualquier otra localidad.
Imposible, por una parte, y por otra parte ilegal, atacar al derecho de huelga, que debe amparar a toso trabajador, cuando se ve sometido a injusto proceder del empresario o del usuario del servicio en cuestión. Pero, respetando ese derecho, habrá que arbitrar las medidas para que los ciudadanos disfruten razonablemente del servicio público al que tienen derecho y que han pagado con sus contribuciones o con su abono puntual satisfaciendo el precio justo del servicio. No me atrevo a decir que algunas huelgas no deben permitirse, debiendo, en tal caso, acudir a otros medios eficaces para solucionar el problema que originó la atención a la huelga. Estamos seguros de que, en la mayoría de los casos, la reclamación se basa en demandas dinerarias. ¿De verdad el Gobierno Municipal, el Regional y hasta el Nacional, no gastan ingentes cantidades en conseguir logros menos interesantes que la buena marcha del transporte, la Educación o la Sanidad, por poner ejemplos de servicios esenciales y universales en una sociedad civilizada?
