La asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal tuvo la semana pasada su mayor punto de debate en la postura que algunos sacerdotes e incluso obispos de las diócesis de Cataluña han mantenido y cabe suponer que aun mantienen respecto a la pretendida y fracasada independencia de aquella región española. Un asunto sobre el cual los prelados han dejado clara su postura al apoyar por completo el marco constitucional, aunque sea reformable y perfectible, precisaron, y pidiendo reconciliación y cohesión tras las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Como afirmó su portavoz, los obispos no viven en las nubes, y el tema separatista les preocupa lo mismo que al resto de los españoles. Ellos, igualmente, apoyan el derecho a decidir, pero un derecho ejercido por la totalidad del censo electoral nacional, no solo por los catalanes. Y volvieron a decantarse a favor de la no militancia política ante el hecho de haya habidos curas que se han expresado a favor de las tesis secesionistas e incluso abriendo sus templos a las votaciones del referéndum. En cuanto al obispo de Solsona, en Lérida, que se mostró a favor de la ilegal consulta, en la que aseguró que había participado, no se le ha reprobado, lo cual no deja de ser discutible. También los temas económicos tuvieron cabida en la reunión. La Conferencia Episcopal ha invertido en los seis últimos años 1.325 millones en actividades asistenciales y pastorales, para las cuales hay previsto un gasto de 250 millones de euros en el siguiente ejercicio. Bien conocida es, de siempre, la importante labor humanitaria y social que desarrolla la Iglesia y que ha cobrado su mayor dimensión y visibilidad en los duros tiempos de la crisis.

Otro asunto muy preocupante y no solo para la Iglesia sino para la sociedad fue tratado y calificado luego con dureza: el referido a la proposición de ley presentada por Podemos en el Congreso contra la discriminación por orientación sexual y de igualdad social del colectivo LGTBI. La Iglesia católica, que coincide en su rotundo rechazo con la protestante, asegura que es una propuesta fundamentalista, de auténtica censura, y de visos inquisitoriales que asfixia todas las libertades. Vuelve a parecer que Podemos restará más votos que los que pueda ganar con estas medidas radicales a favor de lobbies muy minoritarios aunque por ahora muy poderosos. La mayoría de los grupos políticos han rechazado el texto, si bien se aceptó su tramitación parlamentaria.

Antes que los obispos se han alzado otras voces tachando de fascista y dictatorial la propuesta. Exige la obligación de llevar a las aulas y a las cadenas de televisión la ideología de genero; la cirugía y tratamientos de cambio de sexo desde los 16 años; el derecho de los menores a exteriorizar su identidad sexual en los centros de enseñanza; una agencia estatal contra la discriminación, con la facultad de poner multas, de hasta 45.000 euros en caso de terapias de reversión de la condición sexual; un centro de la memoria histórica LGTBI; un fondo de bibliografía sobre el tema en poblaciones de más de 20.000 habitantes, y más perlas cultivadas por el estilo.