Los caprichos del mercado erosionan los cimientos de la seguridad existencial y mantienen el espectro de la degradación social, la humillación y la exclusión. El Estado "democrático" actual permite estos caprichos, estos excesos, estas injusticias sociales, en lugar de corregirlos, para mitigar el alcance de la vulnerabilidad y la fragilidad propias de sus ciudadanos, ante los abusos de los voraces, egoístas e insaciables mercados. Es obligación del Estado limitar los daños y perjuicios perpetrados por el libre juego de las fuerzas del mercado, proteger a los desvalidos contra los riesgos que entraña la libre competencia. Este tipo de legitimación es lo que define al Estado-providencia: una comunidad que asume por sí misma, en su administración y gestión, la obligación y la promesa de proteger a los ciudadanos de las inclementes vicisitudes del destino, socorrerlos en sus desgracias personales y ofrecerles ayuda en sus cuitas.

Gerardo Seisdedos