El cupo vasco es una anomalía política, una copa de champán caro en el reino del café para todos. Como afirma un dirigente socialista en privado, "no se puede decir, pero ha sido una manera de evitar un proceso independentista en Euskadi y de acabar con ETA".

La ola autonómica de rechazo desatada ahora frente al privilegio foral vasco-navarro avalado en la Carta Magna es un síntoma de que las ventajas a estos dos territorios se pueden ir recortando en el futuro. De momento, el PNV saca tajada de un plan para cinco años gracias a que el PP necesita a los nacionalistas vascos y ya veremos cómo está España en 2022.

Pero el contexto da a entender que ni el propio PP cree en el famoso cupo. De hecho, cuando ha tenido mayoría absoluta no ha metido mano al espinoso asunto, aunque tampoco ha reducido la aportación de Euskadi a la caja común, como acordó en mayo pasado cuando necesitaba los votos del PNV para aprobar los Presupuestos de 2017 y como ha tenido que ejecutar ahora a toda prisa después de que el aliado vasco le recordara que si incumplía el compromiso rompían relaciones.

La mejor prueba de que en la órbita del Gobierno y del PP han sacado adelante el proyecto de ley con la nariz tapada es la oposición expresada públicamente por Ángel de la Fuente, que no es cualquiera. Ha sido el asesor de cabecera del ministro Montoro para la financiación autonómica, la figura de referencia al frente del think tank amigo Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

De todos modos, tampoco conviene perder el oremus con los privilegios a los territorios vasco y navarro. Que aporten más a la caja común ayudaría, claro, pero no es la solución al problema de la financiación autonómica. Lo dicen los expertos en el complejo mundo de las balanzas interregionales: si cada ciudadano vasco y navarro pusiera 100 euros más al fondo general serían unos 280 millones más para el sistema. Un buen pellizco, sí, pero ni para empezar.

Al final, por esas cosas de la política, al Gobierno de Rajoy y Montoro le va a venir bien que todo el debate se redirija a los privilegios del cupo vasco, cuando la solución al problema de la financiación autonómica lo que requiere es una decisión política (acordada, pero alguien tendrá que poner la propuesta en la mesa) que suponga más dinero para los territorios para que estos financien en situación de igualdad la educación, la sanidad y la dependencia. Y para ello no vale fiarlo todo a que habrá más dinero en la caja porque la economía va mejor.