El cupo vasco es una anomalía política, una copa de champán caro en el reino del café para todos. "No se puede decir en público, pero ha sido una manera de evitar un proceso independentista en Euskadi y de acabar con ETA", me aseguraba en privado esta semana un diputado de nueva hornada, de los que pisó la moqueta del Congreso cuando la kale borroka hacía mutis por el foro afortunadamente.

La ola autonómica de rechazo desatada ahora frente al privilegio foral vasco-navarro es un síntoma de que las ventajas a estos territorios se pueden ir recortando en el futuro. De momento, el PNV saca buena tajada. Puede entonar aquello tan quevediano del ande yo caliente y los demás que rían o lloren. Se lleva un plan para cinco años gracias a que el PP necesitó a los nacionalistas vascos para sacar el presupuesto de 2017, se comprometió a la mejora y ha tenido que ejecutarla ahora a toda prisa si quiere continuar contando con ellos para las cuentas de 2018. Esa tardanza en cumplir lo apalabrado da a entender que ni el propio PP cree en el famoso cupo. De hecho, cuando ha tenido mayoría absoluta es verdad que no ha metido mano al asunto (demasiadas espinas y Rajoy es de pescado limpio), pero tampoco ha reducido la aportación de Euskadi a la caja común, como ha hecho ahora.

El mejor indicio de que el Gobierno del PP ha sacado adelante el proyecto de ley con la nariz tapada es la oposición expresada públicamente por Ángel de la Fuente, que no es cualquiera. Ha sido el asesor de cabecera del ministro Montoro para la financiación autonómica. El catedrático ha puesto el ojo en lo que cualquier profano sospechaba: que la decisión para que Euskadi pase a aportar 1.300 millones al año al Estado (250 menos que ahora) por el pago de los servicios no transferidos es una decisión política, sin base técnica. ¿Cómo es posible si no que la aportación se reduzca cuando es el territorio, junto con Madrid, donde más ha crecido la riqueza per cápita de 2008 a 2016, mientras catorce comunidades aún están en índices inferiores a los que tenían antes de la gran crisis? De todos modos, tampoco conviene perder el oremus con los privilegios al País Vasco. Que aporte más a la caja común ayudaría, claro, pero no es la solución al problema de la financiación autonómica. Si cada ciudadano vasco y navarro pusiera 200 euros más al año al fondo general serían unos 560 millones más para el sistema. Un buen pellizco, sí, pero ni para empezar si se tiene en cuenta que la insuficiencia de las comunidades para financiar los servicios públicos básicos (sanidad, educación y dependencia) se sitúa en 16.000 millones.

Al final, por ese arte de la política, al Gobierno de Rajoy y Montoro le va a venir bien que el debate se centre en los privilegios del cupo vasco, cuando el problema de la financiación autonómica lo que requiere es una decisión política que suponga más dinero para los territorios para financiar el Estado del Bienestar. Y para ello no vale fiarlo todo a que habrá más dinero en la caja porque la economía va mejor. O se modifica el reparto actual de la cesta de los impuestos y se aumenta el tramo autonómico en detrimento del de la administración central (léase descentralización) o se acomete una reforma fiscal para hacer la cesta más grande. Eso significa que alguien, o todos, debería pagar más impuestos. No veo en esa senda al PP y sus socios de Ciudadanos, así que Rajoy quizá vuelva a sus costumbres y vuelva a conjugar el verbo esperar.