Una de las peores y más innegables consecuencias de la crisis sufrida y que aun se vive han sido los recortes económicos que el Gobierno llevó a cabo en materia de sanidad pública, un sector básico que se ha resentido profundamente de un hecho que oficialmente se sigue negando pero que la realidad pone en evidencia cada día. Menos personal, menos medios, mas listas de espera, y más deterioro del sistema, que al igual que el de las pensiones se va parcheando de mala manera pero que más pronto que tarde exigirá un planteamiento a fondo del problema. Porque así no se puede seguir.
Castilla y León, como todas las comunidades, ha sido víctima también de los tijeretazos, y su situación, por mucho que sus dirigentes se empeñen en los contrario, ha empeorado y no deja de empeorar. No es la región que peor funciona en este sentido, pero está lejos de las que mejores estadísticas muestran. Los retrasos ya desde las consultas de atención primaria, algo que nunca antes ocurría, a las especialidades, las pruebas clínicas o las operaciones, son enormes, fuera de toda lógica cuando se habla de enfermedades y de la ansiedad que producen en los pacientes. Puede tardarse medio año en llegar a diagnósticos o soluciones que la sanidad privada resolvería en una semana. Y ello está acrecentando el malestar tanto en el personal sanitario como en los usuarios.
Hay casos, como lo que sucede en Andalucía, donde la gestión política es tan mala que la protesta ha salido a la calle, impulsada por los propios médicos, como ha ocurrido en Granada. Un triste suceso, el de un ascensor que se puso en marcha repentinamente cuando la camilla del enfermo, una joven que acababa de ser madre, causándole la muerte, ha conmocionado e indignado a la región, porque el aparato ya había causado problemas anteriormente pero seguía funcionando. El gobierno de Susana Diaz vuelve a mostrarse incapaz. Porque si los ahorros a costa de los demás continúan, el despilfarro en nombramientos a dedo para dar puestos de trabajo a los suyos, no cesa, igual que no cesan e incluso se incrementan otros muchos derroches. Mientras, en toda España, los servicios de urgencia se saturan y el personal sanitario se ve obligados a hacer largas jornadas pues a su labor se unen las sustituciones que se ven obligados a realizar de forma habitual por falta de profesionales.
Es tan mala la situación que los hospitales privados se han ofrecido para acabar con las listas de espera y que en cuatro meses se pueda partir de cero, algo que ya se ha ofertado al ministerio y a las comunidades. En realidad, ya se hace, y aquí mismo, en Zamora, tenemos al hospital Recoletas haciéndose cargo de pacientes de la provincia y de Salamanca, una eficaz solución. Pero lo que se ofrece es un auténtico plan de choque, que supondría un gasto de 1500 millones de dinero público, sin beneficio económico para los centros privados, dotados en su mayor parte para las intervenciones más comunes, como las cataratas o la traumatología. Un proyecto que los expertos ven viable y aconsejable, aunque en su mayor parte dependerá de la voluntad política con que se reciba el ofrecimiento.
