La cornada que el separatismo catalán le ha metido al Gobierno solo tiene un pronóstico: muy grave. A un mes prácticamente del referéndum de la Generalitat y otros grupos secesionistas sobre la independencia de aquella región, ya han dado a conocer, como habían anunciado con anterioridad, una ley de transitoriedad que aprobada por el Parlament o por mero decreto permitiría en caso de ganar el Sí aunque fuese por un solo voto, la culminación del proceso, con Puigdemont como jefe del nuevo Estado autoproclamado y que según ellos sería aceptado por la Union Europea.
La ilegal ley será retardada para soslayar lo más posible el recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional, pues lo que pretende esta gente, cuyo fanatismo nacionalista les ha llevado a salirse de la realidad y caer en la utopía - si bien ya empieza a haber, como se ha comentado, un cierto fatalismo en la sociedad española respecto a que acaben consiguiendo sus propósitos ante la pasividad de Rajoy y los suyos - es que al día siguiente de la consulta, en caso de que la ganen - bastará con un 30 por ciento de participación - se darán los primeros pasos de lo que sería una catarata de decisiones tanto políticas como administrativas para la constitución de su república. Porque esa esa ley que ellos llaman de transitoriedad, sería atoda una Constitución para Cataluña, con 89 artículos a su gusto e interés. O al menos un embrión de Constitución a no ser que el Gobierno consiga parar el golpe de Estado regional que se perpetra. El mismo 2 de octubre, los funcionarios pasarían a depender en exclusiva de la administración catalana, y el que no aceptase dejaría de ser empleado público. El Ejército y las fuerzas del orden nacionales no tendrían sitio en el pequeño estado, pues tendrían su propio Ejército, la justicia se regiría por sus propias instituciones de nueva creación, y los Mossos, la policia catalana, se haría cargo de aeropuertos, fronteras y demás. Y por supuesto, amnistía total para los dirigentes de la secesión condenados por el Supremo o el Constitucional. Pero no para aquí la cosa. El régimen republicano prevé la doble nacionalidad por imposición de todas aquellos residentes en Cataluña antes del 31 de diciembre del año pasado. Eso sí, ofrece la opción a poder renunciar a la nacionalidad española. El idioma será el catalán, es claro, aunque fuera de la región nadie lo hable, y algunos ni siquiera dentro, pero generosamente admiten la coexistencia de otros dos idiomas: el español y el aranés, un idioma que hablan unas 3.000 personas en el valle leridano, pero que es una concesión a la historia. Y así todo, poco más o menos, para dar paso a una asamblea constituyente y a los nuevos órganos que conformasen la independencia
Mientras, Rajoy, tranquilo. Albiol, el jefe del PP en Cataluña, pide el artículo 155 de la Constitución, pero va a ser que no. El presidente acaba de ponerse de acuerdo con Sánchez, el del PSOE, quien tras su disparate de la nación plurinacional, ha entrado en razón aparente y se ofrece al Ejecutivo para frenar tan loco proceso. La cuestión, es cómo. Si no se echa mano de la Carta Magna, solo queda aplicar la ley de Seguridad Nacional que otorgaría todos los poderes a Rajoy en aquella autonomía.
