La sequía que se viene arrastrando desde el invierno pasado anunciaba un verano conflictivo en incendios forestales. Los peores augurios se cumplieron y Zamora, el último fin de semana de julio, se convirtió en un infierno. Dos focos de fuego intencionados surgieron antes de mediodía en los términos de Pino del Oro y Castro de Alcañices. El objetivo de los asesinos de la cerilla, casi seguro, el parque natural de Arribes de Duero. Las llamas se extendieron rápidamente avivadas por temperaturas superiores a 30 grados y vientos de más de 40 kilómetros horas. Hubo peligro para algunas poblaciones, cortes de carreteras y la Diputación preparó la evacuación voluntaria de Bermillo de Alba.

El fuego estuvo ardiendo varios días y no se declaró oficialmente extinguido hasta ocho días después. El balance es terrorífico: 3.076 hectáreas quemadas, de ellas 710 de arbolado, 1.491 de matorral y el resto tierras de labor. El parque natural de Arribes del Duero no se libró del siniestro y pagó con 700 hectáreas calcinadas la acción de los incendiarios. Hay que destacar la coordinación de las fuerzas humanas, mecánicas y aéreas (muy numerosas, con una decena de helicópteros y cuatro aviones) que participaron en las labores de extinción. Su acción, sin duda, evitó que la tragedia fuera aún mayor.

Aún con los rescoldos del fuego humeantes, surgieron las primeras críticas de los vecinos de los pueblos más afectados: Pino, Castro, Bermillo de Alba, Videmala y Castillo de Alba. El monte se cuida en invierno, es una de las quejas más generalizadas siempre que ocurre un siniestro como el de julio. La prevención, la limpieza de masas forestales, eriales y cunetas se ha descuidado en los últimos años, seguramente por las penurias económicas de la Junta de Castilla y León. La propiedad de los bosques es clave para prevenir incendios. Cuanto más sentido de pertenencia del monte tengan los lugareños, menos fuegos habrá. El ejemplo de Soria está ahí, la provincia de la comunidad con más masas arboladas y la que menos siniestros sufre. La explicación está en que la mayoría de los espacios verdes son de propiedad municipal y cuando no es así la Administración regional tiene muy en cuenta a los vecinos, a la hora de repartir beneficios.

La despoblación rural tiene también mucho que ver con el mayor riesgo de incendios forestales. Los pueblos están vacíos y los desaprensivos con intereses tienen todo el campo libre para prender a su antojo. Hace años, los rebaños de ovejas que vivaqueaban por sierras y vegas limpiaban los eriales de hierbas y matorrales, aminorando así el riesgo. Ahora no, en toda la zona afectada por el fuego de Pino solo hay tres ganaderías. El proyecto transfronterizo institucional para criar cientos de miles de cabras en la zona de la Raya está aparcado por falta de demanda. El ámbito rural está herido y se ha quedado sin guardianes y sin gentes dispuestas a acometer proyectos que no tengan redes de seguridad.

Es muy importante para evitar que se repitan nuevos siniestros que las fuerzas de seguridad consigan resultados y detengan a los incendiarios. Para ello es clave la colaboración ciudadana porque en muchos pueblos los que queman el bosque sacan pecho y son conocidos. Contra esos hay que ir sin remordimientos, pero para eso hay que convencer a los vecinos de que el clima mafioso de protección, a la larga, perjudica a todos, porque los bosques, sea quien sea quien los gestione, son un patrimonio público, son riqueza que favorece a todos.

La Administración tiene que ser mucho más sensible con los lugareños y con sus problemas. No pueden sentirse desprotegidos y abandonados. No pueden ver el bosque como el lugar donde habitan los depredadores que comen sus propiedades. La Junta no debe ser cicatera y cubrir los gastos de los ataques con creces, también el lucro cesante, con rapidez y sin regatear. El monte es mucho más que depredadores, es biodiversidad, oxígeno, naturaleza, vida.Y los fuegos la destruyen, por eso hay que evitarlos con mano dura y concienciación que debe llegar de la mano de la educación.

Hay que plantearse, además, la necesidad de adaptar los montes a los nuevos tiempos. Las consecuencias del calentamiento global ya están aquí y van a hacerse mucho más visibles en los próximos años. Es preciso iniciar un cambio progresivo y sistemático de especies arbóreas, crear cinturones protectores. La Junta debe ser pionera en este proceso. Convocar a los expertos y elaborar una hoja de ruta que marque de forma clara lo que hay que hacer en los próximos años en materia de reforestación, talas y gestión de montes.

La lucha contra los fuegos es responsabilidad de las fuerzas de seguridad, pero también es imprescindible una adecuada gestión forestal. El clima está cambiando y es necesario estar preparados para evitar que montes y bosques desaparezcan. La Junta de Castilla y León, todos los ciudadanos en su conjunto han de ser conscientes de que los montes del futuro no van a ser como los actuales. Y para eso es imprescindible hacer una adecuada gestión forestal para que el cambio no sea traumático.