En relación a la amenaza inminente sobre la pretendida desconexión de Cataluña, he manifestado mi opinión en varios escritos y debates (también en relación con la situación económica). Sigo pensando que para quienes tienen como ideario conseguir una sociedad más justa e igualitaria, su verdadero objetivo debería ser la lucha por erradicar las desigualdades sociales en todos los territorios, nunca mejor dicho. Esa inquietud primordial no significa que debamos desentendernos de la situación general por la que estamos atravesando, pues nada de lo que ocurra en España nos puede ser ajeno a los socialistas. A estas alturas nadie duda que España es un país democrático y como todas las democracias modernas su base es el derecho de ciudadanía. En el caso de los españoles este derecho proviene de la Constitución en su artículo dos, cuando manifiesta nítidamente: "la indisoluble unidad de España, patria común de todos los españoles". Lo han declarado y explicado las instituciones más autorizadas y prestigiosas, como el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, también la Unión Europea. Abundan en ello todo tipo de asociaciones, incluyendo las de Cataluña.
Por todas estas razones, Como se puede deducir, me estoy refiriendo al Ejecutivo Catalán, con el apoyo necesario de la CUP. Es cierto que la democracia y el principio de legalidad son inseparables, y es cierto que la solución pasa por la ley, pero no es suficiente, es necesaria la política, de la que hemos estado ausentes por parte del Gobierno Español del Partido Popular y su presidente un, líder burocrático.
Es evidente que nuestra democracia sufre una importante crisis institucional, producto, entre otras cosas de las tensiones territoriales, que en ocasiones nos han conducido, por la incapacidad para el dialogo y el debate, al inmovilismo que determinados responsables e instituciones han propiciado con su incompetencia. Las embestidas soberanistas, al margen de la Constitución, han venido a poner en cuestión la unidad de España, sin contemplar la posibilidad de una reforma democrática de la propia Constitución, lo que no deja de ser paradójico.
Aunque el derecho internacional reconoce la autodeterminación y la secesión, se refiere a situaciones coloniales y ante una violación extrema de los derechos humanos, que no es, precisamente, el caso que nos ocupa y preocupa. A los ciudadanos catalanes, que son también españoles, nadie puede privarles de su derecho a seguir siéndolo. Por lo tanto no se puede entender, en una sociedad democrática, que un gobierno se aparte de la legalidad establecida para imponer a todos sus ciudadanos la obediencia fuera de la ley. Los catalanes son españoles de pleno derecho, desde que España es España y aunque algunos se sientan más catalanes que españoles, ese sentimiento no puede arrastrar a la totalidad.
A medida que trascurre el tiempo, se agudiza la intranquilidad de los ciudadanos en relación al pretendido simulacro de referéndum que diera paso a la secesión de Cataluña. Con una falta de respeto y desconsideración los dirigentes independentistas (más bien separadores) tratan que entre los ciudadanos se produzca un enfrentamiento entre estos algunas instituciones adulteradas por los llamados secesionistas sin importarles la utilización torticera del derecho y respeto a las normas democráticas; y lo que es peor provocando el enfrentamiento entre los propios catalanes en Cataluña y en ocasiones en el resto de España. A ellos qué les importa.
Siendo esta situación tan importante, los socialistas-que no somos nacionalistas- tenemos que estar vigilantes en la la defensa de los derechos de todos los españoles, vivan donde vivan, fundamentalmente por los más necesitados y que no tiene espera. No debemos ni podemos distraernos con el debate semántico y nominalista del modelo de organización del Estado ampliamente debatido y aprobado en la Declaración de Granada, y hace pocos días en el XXXIX Congreso Federal del Partido Socialista que dictaminó de forma unánime lo que venimos practicando en el funcionamiento interno de nuestra organización federal. Aun así es necesario propiciar una reforma constitucional consensuada para un largo periodo de tiempo de saludable y pacífica convivencia.
Deseo que el Partido Socialista tenga las ideas claras y no por lo tanto no deberíamos dejarnos contaminar en un debate muy interesado por una derecha, tanto españolista como independentista, que si bien es verdad en Europa ha avanzado, la española no tanto. Aun trata de mantener ciertas reminiscencias de "una grande y libre", que evidentemente, hasta ahora, le sigue suministrando votos en el resto de España, cuando lo predica en Cataluña.
Creo que el PSOE debe poner más el acento en la agenda económica y social. Es decir, en cómo pagar la hipoteca y conseguir para los hijos de los trabajadores las mismas condiciones de acceso a la universidad y un trabajo digno. En definitiva todo lo que significa la igualdad y la solidaridad. No siendo que la atención exclusiva de los problemas territoriales, siendo tan importantes, desplace la atención a la grave situación económica, la lucha contra la corrupción y la desigualdad.
