Eso, decepción y un cierto abandono por parte del Gobierno de la nación, son las sensaciones que al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, le han producido la decisión final del ministerio de Industria y Energía de cerrar definitivamente la central nuclear de Garoña, en Burgos, una decisión que llega medio año después de que el Consejo de Seguridad Nuclear avalase la reapertura de la planta, pionera en España y viejo motivo de debate político, siempre que Endesa e Iberdrola, las eléctricas concesionarias, cumpliesen todos los requisitos y medidas necesarios para una nueva puesta en marcha dentro de las máximas garantías. Aquí empezaron las discusiones, porque Iberdrola, siempre tan atenta a la cuestión económica, lo que tantos miles de millones les hace ganar aun a costa del pobre servicio a los usuarios, sobre todo de las zonas rurales, se echó para atrás enseguida, por no considerar rentable su utilización, mientras que Endesa no se apartaba del proyecto.

Pero según ha explicado el ministro del ramo, Álvaro Nadal, ha sido la presión política la que ha forzado la decisión del cierre, pues la totalidad de los grupos parlamentarios exigían el fin de la central, por lo que la postura del PP, único partido a favor de su mantenimiento, se hacía insostenible. Claro que el titular de Energía no ha explicado que entre esos grupos se encontraba el PNV, que incluyó Garoña, por la vecindad con el País Vasco, en sus exigencias para apoyar al Gobierno en los presupuestos del Estado y el techo de gasto. Exigencias que tienen una mayor dimensión y significado en la cesión de las transferencias sobre prisiones, lo que hace pensar que el acercamiento de los presos etarras se puede convertir en realidad no tardando. Rajoy, lo mismo que todos sus antecesores en Moncloa, está dispuesto a pagar lo que sea necesario para mantenerse en el poder, por caro que resulte, entre otras razones porque ese precio le pagan los demás. Está por otra parte, el habitual entreguismo del PP, que tanto le aleja de muchos de sus electores, con constantes concesiones de todo tipo pero sobre todo financieras a colectivos y lobbys minoritarios que nunca han votado a la derecha y nunca la votarán.

Se comprende, pues, el estado de ánimo de Herrera, que cada vez parece más difícil que se mantenga como presidente de la Junta castellano-leonesa otros dos dos años. Ya se las has tenido tiesas con Rajoy más de una vez, como cuando el año pasado le aconsejó mirarse al espejo - político, se supone - antes de presentarse de nuevo como candidato del PP a las elecciones generales. No solo manifiesta Herrera su pesar sino que pide al Gobierno un plan alternativo para una zona que irá perdiendo poco a poco todos sus recursos y lo que ha sido su modo de vida, algo especialmente duro en una región que se despuebla de manera imparable y cuyos jóvenes se ven obligados a emigrar por falta de puestos de trabajo. Quedan en España, funcionando, otras cuatro centrales nucleares y otras tres paradas o ya en proceso de desmantelamiento como ahora Garoña, con la izquierda ganando la partida. Pero, eso sí, ha asegurado el ministro que el cierre de la planta burgalesa no hará subir el precio de la luz.