La estrategia de Rajoy ante el desafío secesionista catalán parece que comienza a desvelarse, si bien no puede considerarse más que como una táctica penúltima, reservándose en todo caso la baza final, el articulo 155 de la Constitución, aplicado en parte o en su totalidad, para si las cosas no salen como deberían salir. Al menos ha roto Rajoy esa tendencia constante al dialogo y al entendimiento, algo fracasado desde el momento en que no es aceptado por la parte contraria. Y lo ha roto con un cerco administrativo, político y económico al gobierno catalán y a su maquinaria independentista.

Puede que la misma purga que Puigdemont ha llevado a cabo cambiando a los altos cargos que respondían de modo tibio a la tensa situación creada, haya animado al Gobierno a dar estos nuevos pasos. Hasta cinco consejeros del Ejecutivo catalán han sido cesados para dar entrada a otros de tendencias más drásticas. Lo más inquietante ha sido el relevo del jefe de los Mossos, las fuerzas del orden en aquella región. Pero también ha sido muy expresivo en cuanto a la debilidad que en el fondo y pese a tanta bravata sin pies ni cabeza lastra la conjunción de un independentismo que va a menos cada día que pasa, y no solo en los altos niveles políticos y económicos de aquella sociedad, sino entre los mismos catalanes pues, según las ultimas encuestas, solo un 41 por ciento daría el sí a la conversión de Cataluña en una república independiente que la mayoría rechazaría. El cerco de Rajoy se extiende a controlar de modo exhaustivo y constante las cuentas autonómicas, y cortar los grifos que pudieran servir para alimentar la dinámica secesionista. Pero lo que más puede influir es, seguramente, la amenaza judicial que pende sobre muchos funcionarios con responsabilidades en caso de que la ley sea conculcada. Se ven entre la espada y la pared, se juegan sus puestos, sus carreras profesionales, y sus buenos salarios, y ante una situación así, han reculado y están reculando, desde altos cargos de la administración a cualquiera otros que puedan verse implicados penalmente en el proceso. Cierto que nunca faltarán kamikazes o fanáticos u oportunistas dispuestos a ocupar puestos libres, aunque sea por poco tiempo, y aunque sea más por dinero que por ideología. Pero la hora de la verdad, tan cercana, el día 1 de octubre, con el hecho de tener que enfrentarse a situaciones muy concretas y de riesgo pueden cambiar las tornas.

Por lo pronto, los empresarios catalanes han vuelto a manifestar su opinión contraria a todo lo que está ocurriendo, calificando el movimiento como un golpe de Estado jurídico. Exactamente lo que es y lo que representa. El Tribunal Constitucional ha anulado de inmediato el reglamento que aprobó el Parlamento catalán para una hipotética proclamación unilateral de la independencia. Rajoy no se cansa de reiterar que no habrá referéndum. Otros aseguran que aunque lo hubiese carecería de la mejor validez juridicidad. Pero los alucinados secesionistas, con las orejeras puestas, siguen adelante y anuncian que tienen ya las urnas, escondidas en un consulado extranjero. El Gobierno, alerta, contempla celebrar un consejo de ministros extraordinario este mes a expensas de lo que ocurra en Cataluña.