D esde que el fallecido Fernández Ordóñez, primero ministro con UCD y luego con el PSOE, genuina socialdemocracia de ida y vuelta, introdujo en España el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, siempre se supo que aquí los únicos que de verdad iban a tener sus ingresos fiscalmente controlados eran los trabajadores, los que están en nómina, los del sueldo mensual, los cotizantes, sin ninguna de las vías de escape al alcance de otros, los que usan de la ingeniería tributaria o las grandes y tantas veces oscuras fortunas que recurren a las sociedades opacas y los paraísos fiscales.

Lo cierto es que hasta entonces los españoles no sabíamos lo que era pagar impuestos, aunque se pagaban, claro que se pagaban, de todo tipo, pero la mayoría eran de carácter indirecto, y en todo caso bastantes menores a los que se pagaron a partir de entonces. Lo del IRPF se tardó un tiempo en asimilar y comprender, si bien también hubo quien ni siquiera quiso intentarlo, como algunos famosos por no declarar que luego tuvieron que dar cuenta de ello. Pero en general esta nueva manera de pagar tributos a la Hacienda pública fue aceptada y adoptada, aun criticando su escasa progresividad a la hora de atender a los emolumentos recibidos. Se paga religiosamente, y al final una buena parte de las declaraciones resultan a devolver, lo que supone una cierta paga extraordinaria, aunque sea con el propio dinero, que suele llegar entre mayo y y junio, tiempo de preparar las vacaciones, por lo que la devolución es bien recibida en todos los casos, aunque suelan producirse atrasos por causas diversas. Hay que reconocer, en este sentido, que la Agencia Tributaria ha mejorado muchísimo en los últimos años en la eficacia de sus sistema de recaudación, facilitando al público el cumplimiento de sus deberes.

Acabada ya la campaña de la renta, el IRPF ha sido protagonista también estos últimos días por las modificaciones que el acuerdo entre PP y C´s ha forzado a a realizar el Gobierno en el próximo ejercicio y que dejará prácticamente exentos a quienes ganen menos de 14.000 euros anuales al rebajarse el impuesto a quienes ganen por bajo de 18.000, que son 11 millones largos de personas, un 59 por ciento del total, con una aportación de un 10 por ciento a los caudales públicos. Como ya se ha dicho aquí es una medida de justicia social, como tantas otras pendientes en el país, y que se han ido haciendo acuciantes como resultado de la larga crisis sufrida y cuya recuperación plena no ha alcanzado todavía a las clases más débiles. Luego están los ingresos a partir de esa cifra, que vienen a ser el exponente de la clase media, unos 7,5 millones de contribuyentes, el 39 por ciento de las declaraciones recibidas, que aportan la mayor recaudación al Estado, más del 70 por ciento.

Porque, a partir de ahí, los que obtienen ingresos superiores a 90.000 euros al años, son solo unas 200.000 personas, poco mas del 1 por ciento de los declarantes del IRPF, con una aportación del 18 por ciento en el cómputo total. Así están las cosas, según datos anteriores de Hacienda. Y parecen bien expresivas acerca de la contribución fiscal por este concepto.