En su huida desesperada y sin salida hacia adelante, los independentistas catalanes han anunciado una ley del referéndum para la secesión y Puigdemont, el peculiar presidente de la Generalitat, ha afirmado que si en la consulta gana el sí, en solo 48 horas después será proclamada unilateralmente la república independiente de Cataluña. O sea que el 3 de octubre de este año de gracia de 2017 podría quedar rota la unidad de España. Ahí queda eso.
Pero no se lo creen ni ellos, ni nadie, aunque la patente pasividad, que dura ya más de cinco años, de Rajoy y su Gobierno, les haga envalentonar más y más cada día y afrontar retos sucesivos por encima de unos tribunales y unas leyes que ni siquiera reconocen. Ya han establecido un concurso directo para comprar las urnas, 8.000, lo mismo que tienen previsto un censo funcional para las votaciones. Y el fallo del Constitucional declarando ilegales las partidas para financiar el referéndum ya se sabe por donde se lo pasan los líderes separatistas.
Así que habrá que ver la respuesta del presidente del país. De momento, ha insistido en lo de siempre, en que los delirios autoritarios nunca vencerán al Estado democrático, lo mismo que ha dicho más o menos su vicepresidenta, Sáez de Santamaría, fracasada embajadora de Rajoy para tratar de hacer entrar en razón a los dirigentes catalanes. La ministra del Ejército, Cospedal, como quien no quiere la cosa, ha hablado de la institución como garante de la unidad de España. Y el expresidente Gonzalez no ha tenido reparo alguno en mostrarse partidario de suspender la autonomía, si es preciso, sencillamente aplicando el articulo 155 de la Constitución. Justo a lo que se ha mostrado contrario Sánchez en su encuentro con Rajoy, del que nada ha salido.
Pero aplicar el 155 será lo que finalmente tenga que hacer el Gobierno de la nación, aunque apure hasta el último momento todas las posibilidades, si es que hay alguna, que parece que no. Rajoy aunque reitera que los independentistas no van a conseguir sus propósitos, sigue encerrado en su mutismo sin desvelar cuales serán las claves y las herramientas definitivas para parar los pies, y de una vez por todas, a las ínfulas secesionistas. Los españoles tenemos o deberíamos tener derecho a saber lo que va a pasar en Cataluña, algo que no debería ser un secreto de Estado.
La pasividad está acelerando la inquietud y la preocupación, pues hasta la fecha lo único que Rajoy ha hecho, además de acudir a los tribunales de justicia, ha sido recordar a la totalidad de los ayuntamientos catalanes la obligación de respetar la legalidad. Ante lo cual, todo da a entender que la única solución ya sería mover ficha, o sea amenazar, o al menos avisar, de la disposición del Gobierno a las medidas extremas, incluida la suspensión del autogobierno de la región catalana. O a través de la Constitución, o de la ley de Seguridad Nacional, una posibilidad que, al parecer, el Gobierno empieza a barajar, y que contempla asumir la administración de la región y nombrar una autoridad en funciones.
