Aunque las altas temperaturas nos hayan dado una efímera tregua estos días, lo cierto es que la sequía y la previsión meteorológica para el verano hacen presagiar una campaña contra incendios muy compleja. Los tragedia vivida días tras en Portugal y el reciente incendio en Doñana han disparado todas las alarmas ante lo que se prevé una época estival altamente peligrosa y preocupante. Castilla y León cuenta con el 50 por ciento de la masa forestal de toda España y, lamentablemente, no llegan ni al 7 por ciento los incendios causados por causas naturales. Las imprudencias y la mano del hombre son las que están por detrás de este tipo de devastaciones medioambientales, que reducen a cenizas una parte de lo más valioso que tenemos: la naturaleza.
El operativo autonómico de vigilancia, prevención y extinción de incendios va a contar con 4.350 efectivos durante esta campaña estival (116 más que el pasado año), además de otras medidas y del recomendable uso de las nuevas tecnologías. Pero cabe preguntarse si realmente somos conscientes de la gravedad de estos siniestros que ya han arrasado hasta el pasado mes de mayo 2.400 hectáreas en los casi 1.500 incendios declarados en un invierno y en una primavera atípicos en Castilla y León. Y no me refiero con ello al fácil reproche a las autoridades competentes, a las que sí cabe quizá reclamar para otra ocasión un adelanto de la puesta en marcha del dispositivo, sino a la irresponsabilidad de quienes mantienen conductas francamente delictivas. Contra ello debemos exigir todo el peso de la ley, el endurecimiento de las penas y la denuncia ante policía, sin olvidar la capacidad de precaución y la vigilancia solidaria. Sólo en León y Zamora, por ejemplo, el 70 por ciento de los incendios son intencionados. Suficientes magnitudes como para apelar a ese llamamiento ciudadano por el bien de nuestros montes y de un ecosistema inigualable.
