A pesar del gran indice de satisfacción entre los usuarios que reflejan habitualmente las encuestas que encargan y pagan las áreas de salud de las distintas autonomías y del mismo ministerio de Sanidad, realmente parece que el sistema de salud pública va cada vez peor y que, como ocurre con el sistema de pensiones, requiere con urgencia de una sustancial reforma para mantenerse con solvencia y eficacia como un pilar básico e irrenunciable del estado del bienestar.

El problema se inició, seguramente, cuando se transfirió la sanidad a los gobiernos regionales, como ya antes se había hecho con la educación. No había medios ni recursos para sostener un servicio de tanta envergadura, si bien tuvo que ser la brutal aparición de la crisis el hecho que pusiera de relieve la caída que se había producido en lo que hasta entonces había sido un buen funcionamiento capaz de satisfacer a pacientes y profesionales. España hubo de pagar el rescate a los bancos y Bruselas exigió recortes y tijeretazos en los presupuestos nacionales.

Conociendo a la clase política actual como se la conoce, por supuesto que se sabía que el ahorro no iba a poner el foco en sus estructuras de poder, ni iba a suprimir inútiles instituciones ni iba a rebajar el número de altos cargos, consejeros, asesores y cuanto contribuye directamente a favor de sus intereses personales y partidistas. Se subieron al máximo los impuestos y se recortaron servicios fundamentales, y el primero de ellos la sanidad. Menos medios y sobre todo, menos personal, mientras el número de pacientes continua aumentando.

Y pese al esfuerzo de todos cuantos trabajan en la sanidad, que no regatean horarios ni sacrificios, la mengua de la calidad asistencial empezó a hacerse notar, y lo que es peor, desde entonces no ha dejado de hacerlo, por mucho que sus responsables digan lo contrario. Los datos son los datos: en menos de un año, y hasta finales de 2016, el tiempo de espera para una operación se ha disparado desde los 89 a los 115 días. En cuanto a consultas de especialistas ha empeorado igualmente hasta llegar a citas con 72 días o más de retraso, aunque en bastantes casos se superan los 90 días.

Las asociaciones para la defensa de la salud pública han declarado que la situación vulnera gravemente el derecho a la protección sanitaria, lo cual es intolerable. En Castilla y León, se puso en marcha el año pasado, anunciado a bombo y platillo por la Junta, un plan para dinamizar la atención, pero aunque en principio los resultados parecieron positivos en algunas provincias, que no en todas, parecen haberse estancado o ido a peor en muchos casos, con largas listas de espera.

Así que, mientras, la sanidad privada sigue cosechando más y más clientes, pese a sus altos precios. Todo, o casi todo, son ventajas, desde la rapidez de consultas, pruebas y tratamientos, a unas hospitalizaciones mucho más cómodas para el enfermo y sus familiares. Algo que la sanidad publica tarda meses en resolver, la privada lo hace en cuestión de días. Pero no todos pueden pagarlo, claro.