Parece que el escándalo de presunta corrupción en la llamada trama eólica de Castilla y León comienza a convirtiese en un oscuro callejón de difícil salida para la Junta y por el que se verán obligados a pasar, muy probablemente, nuevos imputados que añadir a los 21 existentes acerca de los cuales la justicia investiga su participación en un asunto en el que se manejaron comisiones por más de 80 millones de euros según la estimación de la Fiscalía Anticorrupción.

Que el otro día llamó a declarar en Valladolid al que figura como principal imputado, un tal Rafael Delgado que fue nada menos que viceconsejero del Gobierno regional a las órdenes directas del ex vicepresidente y consejero de varias áreas sucesivamente Tomás Villanueva, a quien su exalto cargo vino a responsabilizar, en una larga comparecencia judicial de más de cuatro horas, de todas las decisiones que fueron tomadas. Según Delgado, era Villanueva quien se reunía con directivos de las compañías electricas,y quien gestionó la participación en los parques eólicos, tan apetecidos entonces gracias a las generosas subvenciones oficiales, de empresas de la comunidad interesadas en las renovables, lo que suponía que el ex viceconsejero se limitaba únicamente a firmar los expedientes ya aprobados y nada más. Algo, por cierto, que con anterioridad había sido competencia de las delegaciones territoriales de la Junta, que finalmente se otorgó tal potestad.

Negó, pues, cualquier implicación o responsabilidad, y aun trató de justificar su tren de vida como fruto de su trabajo de dos décadas como funcionario de la institución regional. De ahí, sus propiedades inmobiliarias y el Jaguar adquirido por entonces, que pudo ser un presunto regalo de uno de los favorecidos por la trama. Incluso no dudó en señalar a Villanueva como causa de algunos de sus males una vez abandonada la Junta. Pero el que fuera poderoso consejero y vicepresidente se retiró como se sabe de la vida política hace un par de años, cuando comenzaron a surgir los primeros indicios fiscales acerca del asunto. No extrañaría nada que finalmente Villanueva - al que la Fiscalía ha pedido imputar en otro caso de posible corrupción: el sobrecoste del edificio de la Junta conocido como la Perla Negra, en Valladolid - fuese llamado también a declarar aunque solo sea en calidad de testigo.

Aquí no se libra nadie, parece. El presidente de Castilla y León compareció la semana pasada en las Cortes autonómicasy los grupos de la oposición le pidieron explicaciones, sobre todo PSOE, Podemos e IU, incluso hasta lo hizo el representante de C´s, socio del PP en la comunidad. Muy duramente lo hicieron, insistiendo en llamar "Sicilia y León" a la región. Herrera, desgastado y amortizado al máximo, se empecinó una vez más en defender a Villanueva, y llegó a pedir perdón por todo lo ocurrido, pero de una forma tan sibilina como curiosa y desacreditada, tratando de deslindar la corrupción humana de la condición política, una excusa inadmisible por la existencia de las responsabilidades inherentes a quienes firman los nombramientos, lo que se extiende al control y vigilancia de una honrada gestión pública.